26 de abril. LOCAL. Escuelas normales: la dictadura del estudiantado
El director de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam, Aldrín Ayala Pantoja, puso el dedo en la llaga: señaló que la retención que sufrieron los directivos, docentes y trabajadores administrativos por parte de un grupo de estudiantes de la institución se deriva de que, al asumir el cargo hace casi tres meses, eliminó los privilegios y el poder que tenían las integrantes del Comité Estudiantil “Alma Mixteca”.
Las declaraciones del directivo no revelan nada nuevo, pues es bien sabido que en la Normal de Tamazulápam y en la mayoría de las normales rurales del país el poder no lo ejercen los directivos, sino los llamados “comités estudiantiles”, que se han convertido en un auténtico poder fáctico. Es secreto a voces que las escuelas normales y los reclusorios se rigen bajo un autogobierno que es tolerado, solapado e incluso fomentado por las propias autoridades.
En el caso de la Normal de Tamazulápam los directivos no solo se han hecho de la vista gorda ante los abusos y los negocios que se realizan al amparo de una supuesta representatividad de las alumnas, sino que en algunos casos han estado al servicio del comité estudiantil y se han prestado hasta a cobrar las cuotas ilegales impuestas por sus integrantes, como lo reveló el director.
El comité estudiantil ha implantado una auténtica dictadura y un estado de terror; sus integrantes han actuado como verdaderos jueces y verdugos, llegando al extremo de agredir físicamente a quienes no acatan sus órdenes, como ocurrió en enero de este año con una estudiante que fue golpeada salvajemente. En la actualidad hay seis alumnas que están resguardadas fuera de la institución para evitar que sean agredidas.
Lo verdaderamente relevante de las declaraciones del profesor Ayala es que esta es la primera vez que un directivo de la institución se atreve a destapar la cloaca, aún a costa de probables represalias como la pérdida de su cargo, y del riesgo para su integridad física y la de su familia.
Seguramente habrá presiones de quienes han perdido poder y privilegios, pero hoy más que nunca el IEEPO y sobre todo el gobernador, están obligados a intervenir para poner freno a estas acciones que son el origen de muchos de los desórdenes sociales que han afectado a la ciudadanía. Asimismo, deben brindar todo el apoyo al director, cuya valentía merece el más amplio reconocimiento. Sería en verdad lamentable que ofrecieran su cabeza en bandeja de plata a la mafia disfrazada de comité estudiantil.
NACIONAL. La normalización de los retenes
La retención momentánea de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, por parte de personas encapuchadas en Motozintla, Chiapas, dejó en claro dos cosas: la primera es la ligereza con la que desde las más altas esferas del poder, y sin sustento alguno, se hacen señalamientos contra personas e instituciones; la segunda es la normalización de los retenes ilegales que atentan contra el derecho constitucional al libre tránsito de las personas.
No es asunto menor que tanto el presidente como la candidata presidencial hayan asegurado que este hecho se trató de un montaje y que lo hayan atribuido a un medio de comunicación, por el simple hecho de que uno de sus reporteros se encontraba en el lugar donde los encapuchados instalaron el retén.
La práctica de descalificar, denostar y difamar a personas e instituciones que no son afines al gobierno actual ha sido sistemática y varias veces ha merecido la condena de organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
Pero si esto es grave, lo es mucho más el reconocimiento por parte del presidente de la república en el sentido de que cuando viaja al estado de Guerrero es detenido en “20 o 30” retenes en un solo tramo.
Esta declaración constituye un reconocimiento implícito de que el Gobierno federal y el propio presidente conocen y permiten la existencia de prácticas abiertamente contrarias a la ley. Algunos de estos retenes los instalan los autodenominados “grupos de autodefensa”, como parece ser el caso del que abordó a la candidata en Chiapas, pero muchos otros son de grupos de la delincuencia organizada.
Esta situación parece confirmar lo que algunos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos han afirmado: que hay territorios de nuestro país que no están bajo el control de las autoridades legítimamente constituidas, sino del crimen organizado.
Si el presidente ha constatado personalmente la existencia de estos retenes, como lo reconoció en su conferencia mañanera, lo peor que puede hacer es minimizar, o más aún, normalizar esta situación; por el contrario, su obligación es ordenar a los cuerpos de seguridad, e incluso a las fuerzas armadas que actúen con apego a la ley para proteger a los ciudadanos.
Lo que no se vale es que las autoridades de cualquier nivel sigan cediendo cada vez más territorio, en aras de mantener una política de seguridad que no ha dado resultados –como lo prueba el hecho de que este es el sexenio con el mayor número de asesinatos en la historia del país–, dejando a los ciudadanos a merced de la delincuencia.
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