** Aplicación indebida de medidas a favor de beneficiarios provocó la muerte del ex presidente de San Martín Itunyoso, señala **
19 de agosto. El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedaphi), Maurilio Santiago Reyes, se congratuló de que el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Implementación de Medidas Cautelares, a favor de sus beneficiarios, las cuales son otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Solicitó que se cumpla el compromiso de imprimir los ejemplares suficientes para la difusión del Protocolo de Actuación, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), para brindar protección y defensa de los derechos de las víctimas.
Mencionó que dicha actuación es importante para dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Estado Mexicano en la solución amistosa ante la CIDH, bajo el acuerdo P-1014-06 a favor de Antonio Jacinto López Martínez, ex presidente municipal de San Martín Itunyoso, cuyo caso fue el parteaguas para la implementación del Protocolo de Medidas Cautelares.
Santiago Reyes mencionó que en el caso de López Martínez, el 24 de octubre de 2004 fue nombrado presidente municipal para el periodo 2005-2007, de acuerdo con sus usos y costumbres.
Tras dicho nombramiento, el 27 de diciembre de 2004 fue amenazado de muerte, y y el 30 de enero de 2005, al intentar tomar posesión del cargo fue víctima de un intento de asesinato, por lo que solicitó medidas cautelares a su favor, las cuales fueron otorgadas por la CIDH el 29 de julio de 2005; sin embargo dicha determinación fue violada por el Gobierno mexicano, lo que originó que el 8 de septiembre de 2006 se iniciará una demanda contra el Estado Mexicano.
El 17 de octubre de 2011, Antonio Jacinto López Martínez fue asesinado en el centro de Tlaxiaco. Este hecho se encuentra impune porque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha logrado esclarecer el caso.
El defensor dijo que el asesinato de López Martínez reflejó la imposición de intereses políticos durante el sexenio del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, y el control desde la Secretaría General de Gobierno (Segego), a través del subsecretario Joaquín Rodríguez Palacios.
Reiteró que con la publicación en el DOF del Protocolo de Medidas Cautelares, se espera que estas sean aplicadas a favor de sus beneficiarios, para evitar más asesinatos como el ocurrido contra el expresidente de San Martín Itunyoso.
-Gerardo Cruz
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