21 de enero. Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en todos los programas de radio y televisión se debe diferenciar de manera clara lo que es información de lo que es opinión.
Asimismo determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea la única autoridad facultada para reglamentar los derechos de las audiencias, y eliminó las normas que permitían a los concesionarios de la industria formular sus códigos de ética.
Esta resolución representa un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias, como lo expresó en un comunicado la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
La obligación de diferenciar a cada momento lo que es información de lo que es la opinión de los comunicadores o la posición editorial de las empresas, atenta contra la libre expresión de las ideas pero también contra la continuidad, la dinámica y el formato de los programas.
La manera en que se entreveran información y opinión es lo que otorga un sello distintivo a cada programa y a cada comunicador, y lo que permite que las audiencias ejerzan su derecho a elegir con entera libertad a quién ver o escuchar. Pretender el divorcio tajante entre ambos elementos haría que los programas de corte noticioso fuesen planos y parecieran cortados por la misma tijera.
Resulta absurdo también que se pretenda otorgar al IFT la facultad exclusiva de regular, a través de un solo código impuesto de manera unilateral, una sola visión ética, anulando la libertad de los medios para autorregularse a través de su propio código, lo que sí se permite a las empresas de todo tipo. Pretender uniformar este tema atenta contra las libertades fundamentales de los individuos y las empresas, y representa un grave retroceso.
La resolución de la corte argumenta que los medios no deben tener sus códigos de ética propios porque “tienen intereses mercantiles”; sin embargo los ministros parecen olvidar que en las leyes de nuestro país existen mecanismos para la protección de los derechos de las audiencias, para el caso de que algún medio o comunicador difunda información falsa o inexacta; tal es el caso del derecho de réplica y contrarréplica, e incluso la posibilidad de acudir ante las instancias judiciales correspondientes, para lo cual existen también mecanismos legales.
Pretender imponer una visión única, la del Estado, como único mecanismo de regulación de los medios dista mucho de ser propia de un país que se precie de ser democrático. No hay que dejar de lado que sólo tres países en el mundo ejercen el control de la información: Cuba, China y Corea del Norte.
Para nadie es un secreto que esos países no se caracterizan precisamente por el ejercicio de la democracia; por el contrario, expresar en ellos diferencias o desacuerdos con el Gobierno puede costar a los ciudadanos la libertad e incluso la vida. Sería muy peligroso que México pretendiera seguir esa ruta, porque el siguiente paso podría ser que la única información que los medios puedan manejar sea la oficial.
Hablar de la libertad de expresión y del derecho a la información es hablar de uno de los pilares de un sistema democrático. Por eso esta empresa hace suyo en todos los términos el comunicado emitido por la CIRT en relación con este tema.
Al hacerlo defendemos el legítimo derecho a la libre expresión de las ideas, que no es exclusivo de los medios y de los comunicadores; pero sobre todo, el derecho que los ciudadanos tienen a recibir información y contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, pero sobre todo comprometidos con la verdad.
Por eso hoy nos pronunciamos una vez más en defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información y de los derechos de las audiencias, porque sólo en la medida en que sean ejercidos a plenitud, sin censuras ni afanes inquisitorios, se podrá seguir construyendo el país verdaderamente democrático al que los mexicanos aspiramos.
Facebook: Sistema Radiofónico Informativo