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EDITORIAL. La subcultura de la ilegalidad

03 de diciembre. En el proceso electoral del 6 de junio pasado tres candidatos no registrados obtuvieron la mayoría de los votos en sus respectivos municipios; sin embargo, en dos de ellos –Ahuehuetitla, Puebla y Cucurpe, Sonora- el máximo tribunal electoral del país no reconoció sus triunfos, y seguramente en los próximos días emitirá una resolución similar con respecto del tercero, el de San Pedro y San Pablo Teposcolula.

Estos casos tienen en común que los aspirantes buscaron la candidatura por sus respectivos partidos, y al no obtenerla decidieron irse “por la libre” y hacer campaña promocionándose como “candidatos no registrados”.

Al proclamarse presidentes municipales electos, los tres argumentaron que no otorgarles ese reconocimiento viola su derecho constitucional a ser votados.

Nada más alejado de la realidad, pues ellos tuvieron la posibilidad de postularse como candidatos independientes, figura creada para que los ciudadanos que no coinciden con los partidos políticos puedan ejercer su derecho a ser votados, aunque en muchos de los casos sea utilizada como el plan “B” de políticos “bateados” por sus respectivos partidos. 

La figura de “candidato no registrado” no existe en la legislación electoral de nuestro país y sus “triunfos” no pueden ser reconocidos porque, como lo ha señalado en sus tesis jurisprudenciales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacerlo implicaría una inequidad, ya que los candidatos postulados por los partidos políticos y los independientes son sujetos de fiscalización, en tanto que los “no registrados” no rinden cuenta de sus actos a nadie.

El de las “candidaturas no registradas” es un recurso tramposo utilizado por quienes han visto que actuando fuera de la ley pueden obtener más ventajas y beneficios que cumpliendo las normas electorales vigentes, como ocurre en muchos otros ámbitos.

Esto pasa también con el comerciante que prefiere instalarse en la informalidad porque sabe que ejercer esta actividad de manera formal implica rentar o construir un local, cumplir con una serie de requisitos para obtener los permisos y licencias de funcionamiento, y pagar impuestos, entre otras cosas.

 Así también, las organizaciones y ahora también las autoridades auxiliares recurren de manera sistemática a la toma de las casetas de las carreteras de cuota, a la toma de palacios municipales y al secuestro de funcionarios, porque saben que de esa manera obtendrán los recursos que, con razón o sin ella, exigen a las instancias gubernamentales.

Esto también pasa con las estaciones de radio ilegales, que prefieren operar en la clandestinidad en lugar de cumplir con los requisitos legales y técnicos necesarios para obtener una concesión, porque de esa manera pueden transmitir desde la sala de su casa o desde un cuarto de azotea, utilizando tan sólo una computadora, una consola, un micrófono y un transmisor casero. 

No tienen que otorgar prestaciones sociales ni afiliar a un sindicato a sus trabajadores; tampoco pagan los impuestos que una emisora formal tiene que cubrir, ni los derechos a las asociaciones de autores y compositores, de intérpretes, de fonogramas y de ejecutantes de música.

La proliferación de las acciones que se realizan fuera de la ley se deriva en gran parte de la actitud omisa de las autoridades, que con ello han fomentado la impunidad y la ilegalidad. Con ello envían el mensaje de que se obtienen más beneficios en la informalidad que en la formalidad, en la ilegalidad que en el apego a las leyes y a las normas.

Mientras las autoridades no hagan su trabajo, mientras sigan cediendo al chantaje de grupos y organizaciones, mientras sigan teniendo miedo de aplicar la ley, la subcultura de la ilegalidad seguirá arraigándose en el país, afectando gravemente la economía, la creación de fuentes de empleo, la seguridad social, la gobernabilidad, la seguridad pública, la impartición de la justicia, la estabilidad y la paz social.

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