30 de julio. Esta semana un grupo de ciudadanos inconformes de San José Ayuquila encerró en la cárcel de la localidad al presidente municipal Moisés Cariños Ríos y retuvo durante varias horas a los funcionarios del gobierno del estado que acudieron a ese municipio para establecer una mesa de diálogo.
Esto ocurrió a menos de dos semanas de que 44 personas, entre funcionarios estatales, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de la Policía Estatal e incluso de la Guardia Nacional, fueron retenidas durante tres días en el municipio de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur.
En esa ocasión fue necesaria la presencia del secretario general de Gobierno y del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para negociar la liberación de los rehenes. Incluso, al día siguiente acudió a ese lugar el gobernador Alejandro Murat.
Lo ocurrido en San José Ayuquila parece estar inspirado en lo acontecido en Santiago Textitlán, pues el grupo inconforme exigía la presencia del secretario general de Gobierno para liberar al edil y a los funcionarios estatales.
El conflicto político que existe en San José Ayuquila se viene arrastrando desde el mes de octubre del año pasado, cuando un grupo de ciudadanos y algunos concejales del ayuntamiento exigieron la destitución del tesorero municipal, supuestamente por no rendir cuentas al Cabildo, así como la revocación del mandato del presidente municipal.
Según este último, el grupo inconforme es liderado por el síndico, que fue quien ordenó a los policías municipales que lo detuvieran y encarcelaran, así como por el mayordomo y algunos exmayordomos, quienes pretenden administrar los recursos del municipio.
Sin emitir un juicio con respecto de la actuación del presidente municipal y de la transparencia o falta de ella en el manejo de los recursos públicos, la presión y el chantaje nunca deben ser el camino para plantear las demandas de un grupo de ciudadanos, por legítimas que éstas sean.
Existen procedimientos establecidos para pedir la rendición de cuentas, la revocación del mandato de algún funcionario de elección popular, e incluso la desaparición de un ayuntamiento, siempre y cuando se acrediten las causales que las propias leyes establecen.
Resulta preocupante que cada vez con mayor frecuencia los ciudadanos, inducidos por algunos actores políticos, se aparten del camino legal y en cambio recurran a los actos de presión.
Bajo ninguna circunstancia se debe sustituir el estado de derecho por la ley del más fuerte, que equivale a la ley de la selva.
Si esto sigue ocurriendo es porque a las autoridades les ha temblado la mano para aplicar la ley, por temor a que esto agudice los conflictos, sea pretexto para que surja la violencia y sirva de pretexto a los transgresores para presentarse como víctimas.
Los promotores de este tipo de actos lo saben muy bien y se valen de ello para hacer de las suyas.
Pero también sigue ocurriendo porque, si bien es cierto que quienes realizan este tipo de actos son sólo un grupo, también lo es que están organizados, a diferencia del resto de los ciudadanos de las comunidades. Esto viene a demostrar una vez más que pueden más diez personas organizadas que cien desorganizadas.
No cabe duda de que el mal ejemplo sigue cundiendo.
¿Llegará el día en que esta situación cambie en la Mixteca, en el estado y en el país? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.