23 de abril. Hace unos días y de manera casi simultánea el Senado de la República y el Congreso de Oaxaca aprobaron reformas legales relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Dichas reformas parecen ir en sentidos diametralmente opuestos, ya que mientras una de ellas establece la obligación de que los usuarios de la telefonía móvil registren sus datos biométricos para seguir contando con el servicio, la otra desaparece el instituto encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública.
En votación dividida, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que se integrará con las huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris de los propietarios de los teléfonos móviles.
Las reformas que entraron en vigor el sábado 17 de este mes establecen un plazo de seis meses para que los usuarios registren las líneas adquiridas después de esa fecha, y de dos años para el caso de las ya existentes, y contempla la cancelación del servicio y multas de hasta 89 mil pesos para quienes no lo hagan.
Por su parte, el Congreso de Oaxaca aprobó reformas al artículo 114 de la Constitución Política del estado para desaparecer el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IAIP) y sustituirlo por un ente al que se denominará “Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, que se integrará con siete comisionados, en lugar de tres.
En efecto, las reformas a las que nos referimos van en sentidos opuestos pero tienen en común el hecho de que, en opinión de diversos expertos y organismos, vulneran derechos de los ciudadanos, y la relativa a los datos biométricos incluso representa un riesgo para la seguridad de los 124 millones de usuarios de telefonía móvil.
Por su parte, la sustitución del IAIP por un nuevo órgano se inscribe en la tendencia del actual gobierno federal de eliminar los órganos autónomos y reemplazarlos por entidades bajo el control gubernamental, lo que limitaría nuestro derecho de acceder a la información de interés público relativa al actuar de nuestros gobernantes.
Hacer realidad el ejercicio del derecho a la información costó a los ciudadanos muchos años de lucha, los cuales se pueden ir por la borda. Esto lo han advertido diversos organismos independientes, entre ellos la organización “Artículo 19”, e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En el caso del Panaut ya empiezan a llover amparos; y no es para menos porque aún está fresca la fallida experiencia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), creado en 2009 y cuya existencia fue efímera porque meses después de su creación la base de datos de los usuarios ya se vendía por internet y a plena luz del día en Tepito.
Por cierto, en el año 2011 el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que “las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones relacionadas con la obligación de instaurar y mantener el Renaut constituían una violación flagrante a las libertades y a los derechos individuales de los gobernados”. Diez años después, Ricardo Monreal es el coordinador de los senadores de Morena y uno de los principales impulsores de la creación del Panaut.
La pretendida creación del padrón con los datos biométricos de los usuarios se pretende justificar con el argumento de que de esta manera se combatirán delitos como el secuestro y la extorsión; pero hasta hoy los gobiernos no han tenido siquiera la capacidad de impedir el ingreso de teléfonos y bloquear la señal en las cárceles, que es de donde sale la inmensa mayoría de las llamadas de extorsión. ¿Cómo creer, entonces, que podrán garantizar que nuestros datos biométricos no serán mal utilizados, y que no caerán en manos de la delincuencia organizada?
En la actualidad, sólo 17 países en el mundo, todos ellos de corte autoritario, tienen un padrón con las características del que se pretende establecer en México.
Estos dos casos muestran la incongruencia de los legisladores, ya que por una parte se violenta la privacidad de los ciudadanos, y por la otra se limita el derecho a tener acceso a la información relativa al actuar de sus gobernantes, como la manera en que éstos gastan los recursos públicos, así como el costo y la calidad de las obras, por mencionar sólo algunos aspectos.
Otra vez la política de las dos pesas y las dos medidas, una para los ciudadanos y otra para los gobernantes.