22 de enero. En los últimos meses el Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado en el centro del debate. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es “el aparato de organización de elecciones más caro del mundo” y lo ha acusado de ser cómplice de los fraudes electorales del pasado, por lo que ha planteado incluso su desaparición.
En las últimas semanas el diferendo entre el Ejecutivo y el mencionado instituto se agudizó, porque el INE recomendó que durante las campañas electorales que iniciarán en abril no se transmitan de manera íntegra las conferencias “mañaneras” del presidente, y días después acordó que el presidente, los gobernadores y el resto de servidores públicos se abstengan de hablar del proceso electoral en curso.
El primer mandatario se manifestó de inmediato contra dichas disposiciones, argumentando que constituyen un acto de censura, y a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE, lo que también hizo su partido, Morena.
Por su parte, el INE aseguró que dicho acuerdo tiene la finalidad de garantizar la equidad de la contienda electoral, evitando la intromisión de actores externos a los partidos y a los candidatos, en acatamiento de lo que establecen los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de nuestro país.
Curiosamente estas disposiciones legales, de las que hoy el presidente pretende deslindarse asegurando que nunca aprobó la Reforma Electoral que les dio origen porque “todo era simulación”, surgieron de su denuncia de fraude con respecto de la elección presidencial de 2006.
En el recurso que interpuso ante el TEPJF, el entonces candidato López Obrador señaló que durante el proceso electoral hubo una injerencia indebida del presidente Vicente Fox, quien realizó declaraciones y difundió spots cuyo contenido lo afectaba como candidato del PRD y beneficiaba al PAN.
El tribunal reconoció que hubo una intromisión indebida del presidente Fox en el proceso electoral, pero no aplicó ninguna sanción porque no existían disposiciones legales al respecto. Sin embargo, como resultado del conflicto político-social que provocó la elección de 2006, meses después el Congreso aprobó reformas y adiciones a diversos artículos constitucionales, para evitar que los servidores públicos afectaran la equidad de los comicios.
Los principales impulsores de las reformas constitucionales en las que se basó el acuerdo del INE que el presidente y su partido consideran violatorio de la libertad de expresión fueron precisamente los diputados y senadores obradoristas, entre ellos Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Pablo Gómez, Arturo Núñez, Layda Sansores y Salomón Jara, por mencionar sólo algunos.
Por otra parte, las prohibiciones que el presidente considera violatorias de los derechos a la libre expresión y a la información, se han aplicado desde entonces a todos los servidores públicos, prohibiéndoles durante las campañas electorales difundir obras o acciones de sus gobiernos.
Algunos actores políticos afines al presidente pretenden desviar el objeto de la polémica al señalar que el INE pretende prohibir las “mañaneras” durante el periodo de campañas electorales, lo que no se apega a la verdad, pues el presidente podrá seguir realizándolas y los medios podrán seguir informando del contenido de las mismas; lo que se propone es que éstas no sean transmitidas de manera íntegra.
La prohibición aprobada la semana pasada tampoco impide al presidente referirse a cualquier tema, siempre y cuando no incluya algún mensaje que pueda “influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos”, lo que desde el año 2008 fue considerado por el INE como “propaganda político-electoral contraria a la ley”.
Las disposiciones que el mandatario considera violatorias de sus derechos son las mismas que sus partidos (en los que ha militado y sus aliados) han invocado para que las autoridades electorales impidan la intromisión de funcionarios en los procesos electorales; y son las mismas que seguramente estarían exigiendo que se aplicaran si hoy gobernara otro partido.
Hoy el presidente López Obrador es víctima de las reformas que su movimiento y sus legisladores impulsaron en 2006 con la finalidad de “amarrar las manos” a los mandatarios emanados del PRI y del PAN. Crearon el fantasma y ahora se asustan de él; o dicho de otra manera, hoy está constatando que “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.