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EDITORIAL. El doble discurso de la transparencia gubernamental

SRI-8

15 de enero. Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que preparaba un plan para desaparecer diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia (COFECE), a los que consideró “inútiles”.

Al INAI lo acusó de ser “la gran tapadera” y “alcahuete de los gobiernos neoliberales” porque supuestamente se ha negado a entregar información y la ha reservado durante varios años, lo que es totalmente falso porque son las dependencias de gobierno, no el INAI, quienes reservan la información pública.

El presidente adelantó que las funciones de los organismos autónomos serían absorbidas por diversas dependencias gubernamentales como las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y de Energía, entre otras.

Este anuncio provocó el rechazo no sólo de partidos políticos y organismos empresariales, sino también de diversas ONG’s del país, e incluso del extranjero, entre ellas Human Rights Watch (HRW), quienes han coincidido en que la desaparición de los órganos autónomos sería un lamentable retroceso en el proceso de democratización de nuestro país.

Quienes se oponen a la pretensión del presidente le han recordado que las solicitudes de información realizadas al INAI y la consulta de la plataforma de dicho instituto permitieron conocer diversos casos de corrupción de gobiernos anteriores.

En efecto, fue el INAI quien ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer una versión pública de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregar una lista de las personas físicas y morales a las que se les condonaron impuestos; y a la PGR revelar el contrato del servicio de espionaje Pegasus, que supuestamente fue utilizado para vigilar periodistas, activistas y funcionarios.

Gracias a la información de la plataforma del INAI se conocieron los casos de la Casa Blanca del entonces presidente Enrique Peña Nieto; el multimillonario desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra; el realizado por el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también a través de empresas fantasmas; y el caso Odebrecht, por mencionar sólo algunos.

El presidente argumentó que el INAI es un aparato administrativo costoso e innecesario, porque “el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace”, pero esto no ha ocurrido en su caso: tan solo en los primeros seis meses de su gobierno reservó más de 400 expedientes, y realizó 381 declaratorias de inexistencia de la información solicitada; asimismo la Oficina de la Presidencia de la República enfrentó 513 recursos de revisión por negar la información solicitada.

Entre la información que el gobierno del presidente López Obrador ha reservado, por cinco años en la mayoría de los casos, destaca la relativa a la liberación del Ovidio Guzmán; el Plan de Negocios de PEMEX; la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya.

Así también, sobre las actividades de Morena; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas; los contratos con Iberdrola para la compra-venta de gas natural; el proceso de venta del avión presidencial; las grabaciones del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle.

Asimismo, el seguimiento que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, realiza al Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA); el homenaje realizado en Bellas Artes al líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín; los contratos para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19; y el expediente del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a quien por cierto acaba de exonerar de los cargos que motivaron su detención en Estados Unidos.

La pretendida desaparición de los organismos autónomos representa un retroceso el sistema de contrapesos, creado a partir de la exigencia y la lucha de muchos años de la sociedad civil, y atenta contra fundamentos constitucionales y obligaciones internacionales.

Los órganos autónomos han sido fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y el equilibrio entre el Estado y la sociedad civil; tratar de desaparecerlos nos acercaría peligrosamente al ejercicio totalitario del poder presidencial.

No hay que olvidar que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente.

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