11 de septiembre. El conflicto político que prevalece en el municipio de Tezoatlán de Segura y Luna, y que afloró incluso antes de la instalación del actual ayuntamiento, parece interminable.
Esta semana se reavivó cuando un grupo de ciudadanos de Yucuquimi de Ocampo, encabezados por la agente municipal Eloína León Vásquez privó de la libertad a la presidenta municipal Alexa Cisneros Cruz y a su secretaria particular, a quienes mantuvo retenidas durante 60 horas en la mencionada agencia municipal.
No es ésta la primera ocasión en que los habitantes y autoridades auxiliares de Yucuquimi de Ocampo protagonizan protestas y hechos de violencia. En lo que va de la actual administración han llevado a cabo bloqueos de carretera, tomas de la caseta de cobro de la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, del Palacio Municipal e incluso de instalaciones en la capital del estado.
Por cierto, durante la toma de Ciudad Judicial, efectuada en mayo del año pasado, conjuntamente con autoridades auxiliares y ciudadanos de otras agencias del municipio de Tezoatlán, se registraron agresiones físicas con palos y machetes a trabajadores del gobierno del estado.
Si bien las protestas de los habitantes de Yucuquimi de Ocampo se escudan en demandas aparentemente legítimas, para nadie es un secreto que este conflicto se deriva de la encarnizada lucha por la presidencia municipal. Tampoco es un secreto que en este conflicto existe la mano de actores políticos que forman parte del ayuntamiento, y de organizaciones autodenominadas “sociales”, como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), que apoyaba al síndico Moisés Castro Montesinos para que asumiera la presidencia.
Es cierto que el conflicto se ha agravado por la inexperiencia y la falta de oficio político de la presidenta municipal, pero también que hay muchas manos metidas en este tema, incluso de actores políticos ajenos al municipio.
Las protestas, justificadas o no, de los habitantes de Yucuquimi han tomado un giro que rebasa el ámbito de la libre manifestación para caer abiertamente en la comisión de delitos.
Desafortunadamente en éste como en otros casos que se viven a diario en la entidad y en el país, las autoridades competentes “se hacen de la vista gorda” para no aplicar la ley, ya sea por temor a la reacción de las organizaciones o por los compromisos existentes con las mismas, las cuales saben vender caro su amor en época de elecciones.
Esta permisividad y pasividad de las autoridades competentes ha generado en Tezoatlán un clima que puede dar paso a enfrentamientos violentos que serían de lamentables consecuencias.
A la luz de los acontecimientos de esta semana es cada vez más urgente que los integrantes del ayuntamiento y los actores políticos de Tezoatlán actúen con responsabilidad y madurez política, y empiecen a hacer lo que debieron haber hecho desde hace más de un año y ocho meses: trabajar por el bien de los ciudadanos de todo el municipio, sin distinciones de ninguna naturaleza.
Pero también urge que las autoridades estatales y federales asuman su obligación de aplicar la ley y restablecer el estado de derecho, que hace mucho se ha perdido en ese municipio. Su omisión puede costar vidas.