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EDITORIAL. El falso debate del juicio a los expresidentes

SRI-8

04 de septiembre. La posibilidad de someter o no a juicio a los ex presidentes de la República ha generado una polémica que ha trascendido el ámbito de los partidos políticos y de los medios de comunicación, para alcanzar a los ciudadanos “de a pie”.

Hace unos días, militantes del Morena y del Partido del Trabajo iniciaron la recolección de firmas para exigir que los expresidentes de extracción priista y panista sean sometidos a juicio por presuntos actos de corrupción.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue navegando entre dos aguas, pues mientras por una parte ha declarado reiteradamente que no encarcelará a sus antecesores, por la otra dice que lo hará “si el pueblo lo pide”. Incluso, a media semana pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que “se apriete el cinturón” porque va a tener que organizar la consulta popular para decidir sobre el tema.

Quienes alientan la consulta pretenden desviar la esencia del debate, al acusar a quienes se oponen a ella de defender a los expresidentes y estar a favor de la corrupción. Nada más lejos de la realidad.

Hasta hoy nadie, ni siquiera los dirigentes del PRI y del PAN, partidos de los que emanaron los expresidentes, han metido las manos al fuego por ellos; por el contrario, han exigido que si éstos incurrieron en actos de corrupción o cualquier otro delito, el actual gobierno presente las denuncias y las pruebas correspondientes, para que sean llevados a juicio y, en su caso, castigados.

El 9 de marzo de 2018, en Colima, un candidato a la Presidencia de la República calificó de “demagógica” la pretensión del candidato de otro partido de encarcelar a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa; argumentó que “no se puede atropellar la legalidad” y le exigió que “vaya a la procuraduría o a donde corresponda y presente la denuncia, pero que no esté haciendo demagogia, que no esté tratando de engañar a la gente”. El entonces candidato, quien se pronunció en ese sentido, es ni más ni menos que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y eso es precisamente lo que le exigen ahora quienes se oponen a la consulta: que sea congruente con sus palabras y presente las denuncias contra quienes hayan incurrido en actos de corrupción o cometido algún delito, llámense Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, Victoriano Huerta o Porfirio Díaz.

Porque ¿qué pasaría en el hipotético caso de que la mayoría de los ciudadanos votara porque no se enjuiciara a los expresidentes? ¿Se les tendrían que perdonar sus presuntos delitos y corruptelas?.

En el terrible caso que fuera alguno de ellos inocente llevarlo a juicio sin el respaldo jurídico que lo justifique, sería un atentado a sus derechos ciudadanos y esto daría pie a que todos podamos sufrir el mismo destino.

Al tomar posesión de su cargo, el presidente López Obrador juró cumplir y hacer cumplir las leyes. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ha repetido hasta el cansancio. Hoy no puede evadir su responsabilidad, lavarse las manos como Pilatos y preguntar a la gente si quiere que cumpla o no su obligación legal.

No hay vuelta de hoja: si existen pruebas contra los exmandatarios, es obligación del actual gobierno denunciarlos; si no lo hiciere, se convertiría en cómplice.

Así de sencillo es el asunto; lo demás, es sólo un tema mediático y comprensible de uso de un partido político en un marco electoral que de manera práctica ya ha iniciado.

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