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EDITORIAL. La inseguridad y el COVID-19

SRI-8

28 de agosto. El de la inseguridad es uno de los problemas que sigue en aumento y parece no tener solución.

Las denuncias de robos, asaltos y homicidios, entre otros ilícitos que desde hace mucho tiempo han sido un mal que aqueja tanto a las grandes ciudades como a las comunidades más pequeñas de nuestro país, no han disminuido ni siquiera durante la pandemia del COVID 19.

Las acciones implementadas por los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia en nuestro país se han quedado muy cortas ante el problema de la inseguridad, que parece un monstro de mil cabezas que tiene más vida que un gato.

Esta problemática se vive también en Huajuapan y en la Mixteca, y el botón de muestra es el incremento de las denuncias de robo de vehículos.

Ni las cámaras ni los pocos módulos de seguridad que están en operación, ni las acciones coordinadas con los cuerpos de seguridad estatales y federales han dado buenos frutos; por el contrario, éste mal se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Las preguntas obligadas son: ¿Algún día los ciudadanos gozaremos de un ambiente seguro y podremos salir a las calles sin el temor de ser asaltados? ¿Qué ha faltado a los gobiernos para hacer frente de manera eficaz a la problemática en materia de seguridad? ¿Realmente existen estrategias para abatir esta problemática, y si es así, dichas estrategias son las adecuadas?

Nuestro país y el resto del mundo enfrentan una problemática sin precedentes, pues la pandemia del COVID 19 ha tenido un gran impacto negativo en la salud, la educación, la convivencia social, pero sobre todo en la economía.

En nuestro país, donde desde hace muchas décadas han prevalecido las desigualdades sociales, el impacto económico se resintió con mayor intensidad; y aunque afectó tanto a los ciudadanos comunes como a los comerciantes y hasta a los grandes empresarios, sin lugar a dudas los más afectados fueron los grupos más desprotegidos.

A la crisis económica que se agudizó con la pandemia se ha sumado el problema de la inseguridad.

Ante esta situación, el reclamo es que los gobiernos actúen de inmediato y de manera eficaz para abatir la delincuencia y garantizar la seguridad a que los ciudadanos tienen derecho.

Hoy se requiere con urgencia que los gobiernos asuman la responsabilidad que les corresponde en este aspecto e implementen políticas públicas y estrategias que realmente permitan abatir los índices delictivos.

La lucha frontal contra la delincuencia no admite dilaciones; se debe actuar ya, y hacerlo con estrategia, con recursos, con inteligencia y coordinación institucional.

Es tiempo de poner un alto a la inseguridad, sobre todo en un momento como el actual, en el que la economía de los ciudadanos ha sido particularmente golpeada.

Hoy, más que nunca, se requieren resultados en este tema.