21 de agosto. Esta semana se abrió una nueva caja de Pandora en la vida política de México, al darse a conocer un video y un documento relacionados con el caso de Emilio “L”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien está acusado de recibir sobornos multimillonarios de la empresa Odebrecht, y hoy se ha convertido en “testigo colaborador” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de no volver a pisar la cárcel.
En el video se observa a dos exfuncionarios del Senado de la República recibiendo fajos de billetes para ser entregados presuntamente a legisladores panistas, a cambio de su voto para aprobar la reforma energética.
El documento es la denuncia que el exdirector de Pemex presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en la que detallan los nombres de políticos presuntamente vinculados a los sobornos del caso Odebrecht.
Tanto el video como el documento nos remiten a las prácticas de sexenios pasados, y que supuestamente estaban erradicadas, pues el video fue difundido a través de una cuenta apócrifa creada con el nombre de un hermano del exdirector de Pemex, mientras que tanto la FGR como la defensa de Emilio “L” niegan haber filtrado la denuncia. Todo apunta a que las filtraciones fueron obra del Espíritu Santo.
En su denuncia, el exdirector de Pemex menciona a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, a los ex secretarios de Hacienda Luis Videgaray y José Antonio Meade, así como a gobernadores actuales y exlegisladores, principalmente panistas y priistas, entre otros.
Al menos diez de los 17 personajes señalados en la denuncia de Emilio “L” ya se han deslindado y han desmentido las acusaciones; incluso algunos han interpuesto denuncias por daño moral. La mayoría de quienes han negado los señalamientos en su contra han coincidido en que no se puede dar credibilidad a la palabra de un delincuente confeso, porque éste puede decir cualquier cosa que se le pida, a cambio de que le reduzcan la condena.
Paradójicamente, esos son precisamente los argumentos que utilizó Emilio “L” en una nota aclaratoria enviada en el año 2017, cuando la revista Proceso y Aristegui Noticias dieron a conocer que en Brasil habían surgido testimonios en el sentido de que había recibido sobornos de Odebrecht en los años de 2012 a 2016. "Suponiendo que hubiese alegatos en mi contra por parte de delincuentes confesos, habría que por lo menos mencionar que estas personas pueden decir cualquier cosa a cambio de reducciones de condenas", escribió Lozoya en esas fechas.
Las filtraciones del video y la denuncia trajeron a colación otros videos: los de René Bejarano y Carlos Imaz, personajes cercanísimos al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada; los de su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, apostando miles de dólares en un casino de Las Vegas; y más recientemente, los de Eva Cadena, recibiendo fajos de billetes supuestamente destinados para la campaña de López Obrador.
Por si fuera poco, este jueves se difundió un video en el que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, para apoyar el movimiento encabezado por el hoy primer mandatario.
David León era coordinador nacional de Protección Civil y recientemente había sido nombrado director de la empresa de distribución, abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos, del gobierno federal, cargo que rechazó horas después de que se difundió el video antes mencionado.
Este viernes, el presidente López Obrador negó que este caso sea igual al de Lozoya, “no sólo por la cantidad” sino porque se trata de donativos “del pueblo” para el movimiento de Morena.
El nuevo capítulo de los videoescándalos ha destapado la cloaca de la política mexicana. Hoy los ciudadanos exigen saber la verdad y que quienes sean responsables de los presuntos ilícitos que se observan en ellos sean castigados conforme a la ley. Si alguien recibió dinero ilícito, que sea investigado y pague por ello.
Se deben investigar a fondo tanto el caso Lozoya como el caso Pío López Obrador, porque si bien es cierto que aparentemente se trató de donativos de un particular hacia un partido político, no se puede dejar de lado que David León fue asesor de comunicación social del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien fue acusado de corrupción pero misteriosamente exonerado tras aliarse políticamente con el presidente y su partido.
Sobre todo, se debe investigar si dichos donativos fueron reportados al Instituto Nacional Electoral, como establece la ley, pues lo contrario constituiría un delito electoral.
La única manera de que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones es que la ley se aplique sin distinciones a quien la haya violado. Nada haría más daños al país que aplicarla de manera selectiva o utilizarla como instrumento de venganzas políticas.
Los actos de corrupción deben ser castigados, así se trate del desvío de miles de millones de dólares o de la recepción de donativos ilegales, aunque éstos no rebasen los dos millones de pesos.
Aquí no aplica la justificación de “Layín”, el tristemente exalcalde de San Blas, Nayarit, quien dijo que robó, “pero poquito”. Corrupción es simplemente corrupción; no hay de otra.