03 de julio. Las expresiones vertidas hace algunos días por el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) John Ackerman, quien también es esposo de la secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, generaron reacciones de todo tipo, pues de un plumazo descalificó el trabajo de los medios de comunicación y de los comunicadores, al tuitear: “Los sicarios del narco son la contracara del sicario mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.
Estas desafortunadas expresiones tienen su origen en el hecho de que días antes el periodista Carlos Loret de Mola difundió a través de su plataforma Latinus una investigación periodística en la que se hacía mención de que el matrimonio Ackerman Sandoval había adquirido en sólo 9 años, cinco casas, las cuales pagaron de riguroso contado, además de que el entonces Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, les cedió de manera gratuita un predio de 253 metros cuadrados.
De acuerdo con la mencionada investigación periodística, las propiedades del mencionado matrimonio tendrían un valor comercial cercano a los 60 millones de pesos, lo que rebasa con creces los ingresos que ambos cónyuges habrían obtenido en el mencionado periodo.
La investigación de Latinus fue replicada por diversos medios nacionales, e incluso extranjeros, y causó gran revuelo porque Irma Eréndira Sandoval es, ni más ni menos, la secretaria de la Función Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; es decir, la principal responsable del combate a la corrupción.
En respuesta a la investigación periodística, Ackerman amenazó con demandar a Carlos Loret de Mola, tanto en México como en Estados Unidos, lo que, por cierto, no ha ocurrido hasta el momento.
Lo que sí hizo fue descalificar a los medios al llamarlos “sicarios de la información”.
Ackerman no tuvo que ir muy lejos por la respuesta, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le hizo un exhorto para conducirse con civilidad, e incluso lo llamó a la mesura y le recordó que del año 2000 a mayo de 2020 suman 159 los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en el país.
Por cierto, paradójicamente fue la misma CNDH la que en febrero de este año propuso a Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación, que será el primer filtro para la elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Pero no sólo la CNDH reconvino a Ackerman por sus expresiones contra los medios: también lo hicieron diversas organizaciones internacionales de protección a periodistas, como la organización Reporteros Sin fronteras, el Programa de las Américas del Comité para la Protección a Periodistas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó las expresiones de la secretaria Irma Eréndira Sandoval, quien tuiteó: “No permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre ni el de mi familia”.
Al respecto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, aseguró que “hablar de sicarios mediáticos en México es estigmatizar con términos para nada felices”, y agregó que los funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio mayor que el ciudadano común y al rendir cuentas tienen un deber de cuidado”.
Es por demás preocupante que en la administración actual se hayan convertido en práctica cotidiana los ataques y descalificaciones contra los periodistas y los medios de comunicación “incómodos” para su gobierno.
Un día sí y el otro también se ataca, se descalifica y estigmatiza a los medios y periodistas que señalan los errores del gobierno, ejerciendo un derecho que en toda democracia debería ser sagrado: el de la libre expresión de las ideas.
Preocupa que en este aspecto estemos regresando a los tiempos de la intolerancia gubernamental ante la crítica, cuando se imponía una sola visión de la realidad nacional y todo se limitaba a una expresión: “Sí señor presidente”.
Es grave que no sólo se pretenda culpar a los periodistas y a los medios de los errores de los gobernantes y de los actos de corrupción de funcionarios del presente, no sólo del pasado, que siguen saliendo a flote, sino que ahora también se les etiquete de “golpistas” y hasta de “sicarios”.
Estos calificativos y descalificaciones, que no son sino un linchamiento mediático proveniente de las altas esferas del poder político, aumentan el riesgo que enfrentamos diariamente quienes nos dedicamos a la labor periodística en nuestro país.
Es muy lamentable que la intolerancia hacia la crítica provenga precisamente de un gobierno que durante 18 años construyó su triunfo electoral precisamente sobre la base de la crítica cotidiana a los gobiernos en turno.
Los periodistas y los medios no somos ni enemigos del gobierno, ni mucho menos “golpistas” o “sicarios”. Tampoco somos responsables de los desaciertos de un gobierno que generó una gran expectativa entre los ciudadanos, pero que hasta hoy ha quedado debiendo.
Es tiempo de que nuestros gobernantes de todos los niveles asuman su responsabilidad y las consecuencias de sus dichos y hechos, en lugar de endosar culpas o de promover linchamientos contra quienes ejercen la crítica legítima.
¿O será que de verdad los medios somos los culpables de todo lo malo que ocurre en este país?.