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EDITORIAL. Un mal innecesario

SRI-8

19 de junio. Los sindicatos y organizaciones autodenominadas “sociales” siguen siendo en varios puntos de nuestro país, y en particular en Oaxaca, un mal al que los gobiernos no han podido poner un alto.

Es tanto su poder, que se les ha permitido hacer y deshacer sin que las autoridades muestren siquiera la intención de poner freno a sus tropelías, al parecer porque temen a las reacciones de estos grupos. Pareciera que en Oaxaca la ley aplica para todos, menos para los integrantes de los sindicatos y organizaciones de este tipo.

Estos grupos se han convertido en una amenaza y un verdadero cáncer para la sociedad, y lo peor de todo es que mientras más pasa, no sólo no se han debilitado sino que al contrario, parecen haber adquirido más poder y haber sometido a las autoridades a sus caprichos. Ahora no se conforman con cerrar calles y carreteras y tomar casetas de cobro y edificios públicos, sino que se han adjudicado el derecho de decidir el rumbo de algunas obras públicas y acciones de las autoridades.

Y para muestra un botón, pues ahora las organizaciones y sindicatos se sienten con el derecho de decidir a quiénes deben otorgar las constructoras los acarreos de materiales de la región que ejecutan alguna obra pública, lo que representa una amenaza para la estabilidad de las comunidades ante el riesgo de enfrentamientos entre grupos de materialistas contrarios, pero también pone en riesgo los recursos asignados, como ya ha ocurrido en el pasado reciente, lo que afecta de manera directa a las comunidades.

Para no ir tan lejos, apenas el año pasado en Huajuapan de León, una disputa que generó la molestia de los ciudadanos fue la que protagonizaron los materialistas adheridos al Sindicato Joven CATEM y los integrantes de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP) por el acarreo de materiales para la obra de rehabilitación del puente “El Salado”, ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza. Esta disputa provocó que los recursos fueran reasignados a otro municipio y que la obra no se ejecutara.

Este año, transportistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), así como a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) denunciaron que supuestamente empresas particulares pretendían acaparar los trabajos de acarreo de materiales pétreos en la obra de rehabilitación de la carpeta asfáltica del tramo Nochixtlán–Huajuapan.

Y este martes, integrantes de la Confederación Libertad realizaron bloqueos en la Supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan, a la altura de Asunción Nochixtlán, así como en la carretera federal 190, Huajuapan–Oaxaca, a la altura de la desviación a Tezoatlán de Segura y Luna, para exigir al Gobierno de México la participación de los trabajadores de ese sindicato en el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Este son sólo algunos ejemplos recientes que ponen de manifiesto que estas organizaciones han adquirido tal poder que creen tener el derecho de imponer a las empresas constructoras a quiénes deben contratar para el suministro de materiales cono grava y arena para cada obra.

Esto sólo ocurre en nuestro país, y principalmente en el estado de Oaxaca, donde organizaciones como las mencionadas anteriormente y otras del mismo tipo pretenden ignorar que cada empresa tiene la libertad de elegir a sus proveedores de materiales de la región, con base en los precios, la calidad de dichos materiales y del servicio que prestan.

Estos grupos ya se volaron la barda, porque no hay ninguna ley que obligue a las constructoras a contratar estos servicios a tal o cual organización.

Ante tales abusos, las autoridades, principalmente las del orden federal, quienes prometieron acabar con las prácticas corporativas y acabar con los sindicatos charros, deben asumir su responsabilidad y ponerles un “hasta aquí”, porque estas organizaciones buscan a toda costa imponer sus condiciones para incrementar su número de afiliados y de esta manera ejercer mayor presión a las autoridades para que éstas cedan a sus exigencias.

El riesgo de que estas organizaciones y sindicatos crezcan y adquieran cada vez mayor poder es que lleguen a convertirse en otro poder fáctico, como en su momento lo han sido la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o el Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, en Oaxaca y en la Mixteca algunos de estos grupos ya operan como tales.

Las autoridades no pueden ni deben seguir permitiendo estas arbitrariedades, pues la manera de actuar de estos grupos no sólo afecta los derechos de las empresas constructoras, al negarles la posibilidad de elegir a quienes les ofrezcan mejores precios y servicios, sino que ahuyentan las inversiones y ponen en riesgo la estabilidad y la paz social. No hay que olvidar que en la ciudad de Oaxaca y en otros puntos del estado algunas de estas organizaciones han dirimido sus diferencias a balazos.

Aunque de sobre sabemos cómo se las gastan estos grupos, las autoridades deben asumir su papel y terminar con estas prácticas, por el bien de la sociedad y del desarrollo del estado.

De no hacerlo, terminarán por abdicar de sus funciones y entregarles las riendas y los destinos del estado, como en su momento se hizo con la sección 22.

Las autoridades tampoco pueden escudarse tras el argumento de que estos grupos son un “mal necesario”, porque no lo son. Los chantajes, las presiones y la violencia son y serán siempre un mal innecesario.

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