31 de enero. Y las manifestaciones parecen no terminar en el estado de Oaxaca; y en Huajuapan se ha replicado este tipo de acciones, que lo único que generan es caos y afectaciones a terceras personas totalmente ajenas a los conflictos que las originan.
Los bloqueos y cierres de vialidades y dependencias parecen no tener fin, y las autoridades no tiene para cuándo poner orden y aplicar la ley; pero quien ya llegaron a su límite es la ciudadanía que cada vez exige a sus autoridades poner un alto a este tipo de atropellos que atentan contra la paz y el libre derecho de circular libremente por las vías.
¿Será que esto nunca llegue a su fin? ¿Será que las autoridades ya no lo son, o simplemente también se instalaron en la apatía y en una práctica que se volvió cotidiana y por lo mismo "normal"?
¿Cuándo será el día que de verdad existan autoridades a la altura de las demandas del pueblo y que no sigan permitiendo que un grupo reducido de persona inconformes cierre las vialidades por el mínimo pretexto y cuando se les dé la gana, sin que suceda nada?
¿Será por esta razón que cada demanda, por muy pequeña que sea, sirve de pretexto para atentar contra la paz social y los derechos de terceros, y para demostrar que ante la pasividad de la autoridades los grupos y organizaciones podrán seguir actuando de manera impune?
Ya lo advirtió la agente de policía de Santa Teresa, Juliana Guillermina Rivera Bravo: mientras los tres órdenes de gobierno sigan cumpliendo los caprichos de un grupito de inconformes, estos seguirán actuando de la misma manera.
Y la agente dio en el clavo: para que terminen este tipo de prácticas absurdas, la formula es simple y sencillamente que las autoridades hagan su trabajo, que apliquen y haga valer la ley contra quienes la violenten.
Por insólito que parezca, en Oaxaca se ha vuelto un hecho cotidiano que cualquier grupo, así sea de solo 10 o 15 “inconformes”, cierre carreteras, secuestre autobuses, cobre el peaje en las casetas, y se crea con el derecho de ordenar a las autoridades que destituyan a otras autoridades legítimamente electas, o establecer el monto de los recursos para una agencia municipal o de policía.
Lo peor del caso es que para los autores de estos atropellos no hay ninguna consecuencia legal, aunque con sus acciones cometan delitos del orden común, provoquen accidentes e incluso la muerte de personas, como ya ha ocurrido en más de una ocasión.
La pregunta es: ¿De qué privilegios gozan este tipo de manifestantes, grupos, organizaciones y sus líderes? De verdad es increíble que sean estos quienes pongan las reglas del juego y que las autoridades terminen por ceder ante sus caprichos.
Poner un alto a este tipo de grupos y ya no permitir más abusos y cierre de vialidades, en perjuicio de los ciudadanos, es una demanda urgente.
Tan solo en la semana que está a punto de concluir, un grupo de inconformes bloqueó durante dos días las vialidades que conducen a la Agencia Santa Teresa, incluyendo la carretera federal 190 Huajuapan–Oaxaca, afectando a miles de ciudadanos de Huajuapan, de la misma agencia Santa Teresa, de La Estancia, de Los Naranjos y de otras localidades de la zona. Asimismo, afectaron a centenares de conductores de vehículos, pasajeros de unidades del transporte público, y transportistas que utilizan la mencionada carretera federal.
En este caso, el pretexto para realizar estas acciones es la demanda de destitución de la agente de policía, por un conflicto interno que presuntamente tiene que ver con los intereses económicos de algunos integrantes de la autoridad auxiliar, pero también con los intereses políticos de actores externos.
Para lograr su fines, los promotores de estos atropellos recurren al apoyo de grupos y organizaciones que nada tienen que ver con el conflicto, sin darse cuenta de que llegado el momento tendrán que pagar muy cara la factura; pero también recurren a la intimidación y a las presiones, imponiendo multas a quienes no participan en sus movilizaciones, y amenazándolos con cortarles el servicio de agua potable si no los apoyan, en un acto que además de ilegal, bien podría considerarse hasta criminal.
En el caso de la agencia Santa Teresa, estas acciones no son nuevas, pues en casi todas las administraciones municipales recientes se repite la historia; el pretexto es lo de menos.
Pero mientras son peras o son manzanas, esperemos que los acuerdos que permitieron levantar los bloqueos no se hayan alcanzado a través del chantaje y de la amenaza, en beneficio de solo dos o tres líderes, como suele ocurrir en estos casos.
Ojalá que los acuerdo hayan sido claros y contundentes, y hayan dejado el mensaje de que los ciudadanos piden de una vez por todas poner un alto a tantos atropellos que lo único que están logran es el quebrantamiento de la paz social y del estado de derecho, en beneficio de unos cuantos "vivillos" que han hecho de este tipo de acciones un jugoso negocio.