29 de noviembre. Las diversas organizaciones que tienen presencia en la zona triqui viven en un permanente conflicto que desde hace décadas ha causado centenares de muertes violentas, incluyendo a decenas de líderes de las agrupaciones y autoridades locales.
El conflicto en la zona triqui data de mediados del siglo pasado y tiene su origen en las disputas por el poder y el control político de la zona, sin dejar de lado los intereses económicos.
En la microrregión triqui coexisten la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organizaciones se han manifestado una y otra vez a través de marchas, plantones y bloqueos de carreteras, para plantear diversas demandas al gobierno del estado, entre las cuales destacan el esclarecimiento de los homicidios que de manera cotidiana se cometen en la zona, pero también la liberación de detenidos y la cancelación de órdenes de aprehensión.
Paradójicamente, en esa zona caracterizada por el rezago social y la marginación, las demandas relacionadas con obras y programas de desarrollo, son las menos.
Y también paradójicamente, una de sus demandas recurrentes es la pacificación de la zona; y decimos “paradójicamente” porque el tema de la paz es sólo un tema mediático, pues ninguna de las organizaciones parece estar dispuesta a terminar con la cadena incesante de venganzas que ha generado una espiral de violencia.
Durante la visita que realizó a Santiago Juxtlahuaca el pasado 6 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó un exhorto a las organizaciones para que, de que una vez por todas, firmen un acuerdo de paz, aunque por los resultados, pareciera que le hubiese pedido lo contario, pues, ni tardos ni perezosos, se enfrascaron nuevamente en una serie de confrontaciones y amenazas, tras el asesinato del ex agente municipal de la Cumbre Yerba Santa.
Este crimen se registró semanas después de la visita de AMLO a la región, y el aparente clima de paz quedó atrás para enrarecer otra vez el ambiente político y social, y dejar en el olvido las supuestas buenas intenciones de los grupos para terminar con la violencia.
Y aquí surge nuevamente la pregunta: ¿Será que las organizaciones verdaderamente quieren firmar un acuerdo de paz y terminar con la violencia y la cadena de venganzas, o es que este tema se ha convertido en un jugoso negocio para los líderes de las organizaciones, quienes parecieran no estar dispuestos a renunciar a las banderas que históricamente les han permitido obtener recursos y jugosos beneficios por parte del gobierno y de otros actores políticos?
¿Será que terminar con la pobreza y la marginación en la zona no se encuentra entre la lista de prioridades de las manos que mecen la cuna en este conflicto? ¿Será que a estas manos lo que en realidad les conviene es que esta lucha fratricida no termine, para seguir lucrando con el dolor y la marginación de los integrantes de esta etnia?
¿Quiénes son los que realmente toman las decisiones de manifestarse, convocar a pronunciarse por la salida del Ejercito de la zona, y echan gasolina al fuego de las venganzas interminables?
La microrregión triqui parece ser, desde hace varias décadas un Estado dentro de otro Estado, una tierra sin ley, que algunos líderes y organizaciones han pretendido convertir en “territorio independiente”, y donde han implementado incluso algunos ensayos como el del autodenominado “Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Y la pregunta obligada: ¿Será que algún día los tres órdenes de gobierno por fin asuman su responsabilidad de aplicar la ley y poner orden en la zona?
Mientras eso no suceda, la microrregión triqui seguirá siendo tierra sin ley, pero también un jugoso territorio para los líderes de las organizaciones.