08 de noviembre. Las amenazas, intimidaciones, agresiones contra periodistas y los medios de comunicación son cada vez más frecuentes y parecen no cesar. Lo más grave es que este tipo de actos se quedan sin esclarecer y gozan de la más absoluta impunidad.
Son incontables los casos de periodistas y medios de comunicación que han sido objeto de amenazas, intimidaciones y, en el más grave de los casos, asesinatos.
Tan sólo en los 11 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 13 asesinatos de periodistas (un promedio de 1.18 asesinatos por mes), cifra que representa el 81.63 por ciento más de las que se registraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que el promedio mensual fue de 0.65 por ciento), y el doble de los registrados en el gobierno de Felipe Calderón, en el que el promedio fue de 0.59 por mes.
Pero el estado de Oaxaca no es ajeno a las agresiones y atentados contra periodistas: para no ir muy lejos, en la semana que concluye, el director general del periódico “El Imparcial”, Benjamín Fernández Pichardo y otros comunicadores de la región de la Costa denunciaron haber recibido amenazas derivadas de un trabajo periodístico documentado sobre la compra–venta de terrenos comunales en esa región de Oaxaca, lo que generó la molestia e incomodidad de las personas señaladas por este caso.
La reacción de quienes se sintieron afectados por la información publicada por “El Imparcial” fue por demás cobarde, pues derivó en la intimidación y la amenaza contra el reportero que realizó el trabajo periodístico y contra el mismo medio de comunicación. Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó medidas cautelares a favor del corresponsal de “El Imparcial” en la Costa, Enrique Gutiérrez, y pidió a la Fiscalía General del Estado que inicie la carpeta de investigación correspondiente.
A partir de la publicación del trabajo en el que se denuncia la presunta colusión de la autoridad municipal de San Pedro Mixtepec y del Registro Público de la Propiedad en el despojo y venta de terrenos en Puerto Escondido, Enrique Gutiérrez ha sufrido una serie de atentados, en tan sólo 15 días: primero lo atropellaron, luego chocaron su vehículo, y finalmente lo amenazaron de muerte.
Ante estos hechos, y otros en los que se atenta no solo contra el derecho sagrado a la libertad de expresión, sino incluso contra la integridad y la vida de los comunicadores, los medios hemos convocado a la unidad y solidaridad con quienes hoy son víctimas de estos atropellos.
Pero además de alzar la voz para protestar con energía, también estamos exigiendo a las autoridades competentes que den seguimiento a los hechos en los que varios comunicadores y medios informativos han sido agredidos e intimidados por funcionarios, personajes políticos y grupos autodenominados “sociales”, entre otros.
Para nadie es un secreto que, en nuestro país, la del periodista se ha convertido en una de las actividades más peligrosas. Prueba de ello es que, un informe de la Organización No Gubernamental Campaña Emblema de Prensa, correspondiente a la primera mitad de este año, ubicó a México y Afganistán como los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
En todos los rincones del país los comunicadores están cada vez más en situaciones de riesgo no sólo por los ataques del crimen organizado, sino también porque en la cobertura de cualquier marcha, manifestación, mitin, bloqueo de carreteras y otro tipo de eventos de este tipo, pueden ser objeto de agresiones no sólo verbales, sino incluso físicas, de quienes se escudan en el anonimato que da la multitud.
Preocupa, en verdad, esta situación, pero no menos preocupante resulta que el propio presidente de la República esté abonando a la polarización y a generar un clima de linchamiento contra los medios y los periodistas “incómodos” para su gobierno.
Es cierto que como ciudadano tiene el derecho de expresar sus opiniones sobre cualquier tema, incluyendo el trabajo de los medios y de los comunicadores, pero lo es también que ya no es un ciudadano común y corriente, y que sus palabras pesan, ejercen una influencia y pueden generar acciones entre muchos ciudadanos.
En nada ayuda a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y a garantizar la integridad de los comunicadores, que, un día sí y otro también, el presidente descalifique a los medios y a los comunicadores con calificativos como “prensa fifí”, “prensa conservadora” y “medios chayoteros”, por citar sólo algunos. Sus asesores colaboradores debe decirle que controle sus reacciones viscerales, y aconsejarle, utilizando sus propias palabras, “serénese, presidente”.
Hoy, los medios de comunicación exigimos garantías para realizar libre y plenamente nuestra labor periodística. Por eso, a una sola voz, los periodistas pedimos ¡Ya Basta!
La exigencia es, y seguirá siendo ¡Ni una agresión más a los periodistas o a los medios de comunicación! ¡Ya basta!