18 de octubre. Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones y Trasporte (SCT) anunció que el recurso de más de 4.7 millones de pesos que estaba asignado para la rehabilitación del puente que se ubica sobre el río El Salado fue reasignado a otro municipio, gracias a las organizaciones de camioneros materialistas que se disputaban el suministro de materiales para dicha obra.
Ante este anuncio que cayó como un balde de agua helada, la presidenta municipal de Huajuapan, Juanita Cruz Cruz, lamentó la falta de capacidad del Centro SCT de Oaxaca y de la empresa encargada de la ejecución de la obra para atender el conflicto; pero sobre todo la actitud de las organizaciones de camioneros materialistas, la cual provocó que el municipio perdiera la millonaria inversión.
Quienes también reprocharon a los materialistas su actitud fueron los vecinos que serían beneficiados de manera directa con esta obra.
Al dar a conocer la reasignación de los recursos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes argumentó que no existían condiciones para ejecutar la obra, debido a que el sindicato de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP), la Confederación Libertad y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) mantenían una disputa por el acarreo de materiales, y no habían logrado un acuerdo con la empresa que resultó ganadora en el proceso de licitación de la obra.
Ante ello, la SCT dio a conocer que el presupuesto asignado a esta obra se destinaría al mejoramiento del tramo carretero Santa maría El Tule-Mitla, así como a la rehabilitación de ramales para el acceso a las zonas arqueológicas de Dainzú y Yagul.
Las preguntas son obligadas: ¿Hasta dónde los gobiernos han permitido a este tipo de organizaciones hacer y deshacer a su antojo, incluso convertir la capital y algunas otras localidades de la entidad en verdaderos campos de batalla, y ahora, con la mano en la cintura, impedir que se realice una obra que beneficiaría a un gran número de ciudadanos? ¿Hasta dónde llega el poder de estos grupos? ¿Hasta dónde la impunidad de que han gozado? ¿Hasta dónde la complacencia o ineptitud de las autoridades, que han permitido estos actos arbitrarios?
Está claro que a estas organizaciones no les ha bastado con desquiciar al estado con plantones, bloqueos de calles y carreteras, así como tomas de oficinas; tampoco les ha sido suficiente trastocar la vida de los oaxaqueños, e incluso provocar accidentes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos; ahora parecen sentirse dueños y señores de una entidad que cada vez más parece un estado sin ley.
Las omisiones de las autoridades, su falta de firmeza y su actitud timorata son las que han empoderado a estos y otros grupos que han gozado y siguen gozando de la más absoluta impunidad ante sus atropellos, tropelías y desmanes, que no han tenido consecuencia alguna.
Las autoridades deben poner un alto a este tipo de atropellos de lo contrario las organizaciones, grupos y demás sindicatos terminarán dictando la agenda a los propios gobiernos.
Este tipo de actos deben ser castigados; de lo contrario, seguirán sucediendo cada vez con mayor frecuencia, y los ciudadanos estaremos cada vez más indefensos, en manos de las organizaciones; y los municipios quedarán a expensas de los caprichos de los líderes de estos grupos, quienes ahora parecen tener en sus manos la decisión de permitirles desarrollarse o de plano estancarse.
Hoy se impone un ¡ya basta! a los actos irracionales de estos grupos que solo obedecen a sus intereses económicos y políticos, y que como quedó demostrado en este caso, ni comen ni dejan comer.
– Gerardo Cruz
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en mi opinión las autoridades son las culpables por que ellos tiene que imponer su au autoridad y no los sindicatos camionero pero párese que en Huajuapan los que mandan son los sindicatos no las autoridades