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EDITORIAL. El ajonjolí de todos los moles

SRI-8

27 de septiembre. Las demandas de las organizaciones, grupos y sindicatos cada día son no sólo más insoportables, sino también más irrazonables. Pero también cada vez son más los ciudadanos, grupos minoritarios y hasta autoridades municipales que se refugian en los “brazos amorosos” de sus líderes, para tratar de obtener respuestas y lograr la solución de problemas que parecen no tenerla.

Tan eficaces han resultado en muchos de los casos las presiones y chantajes de estos grupos, ante la debilidad y complacencia que raya en la complicidad, de las instancias de gobierno, que las manifestaciones y actos de protesta, con vandalismos incluidos, se han convertido en un jugoso negocio para algunos líderes. Y el mal ejemplo ha cundido, porque de un tiempo a la fecha incluso algunos servidores públicos han echado mano de estos métodos nada ortodoxos, pero cada vez más frecuentes en el estado de Oaxaca.

Por poner un ejemplo, en la región Mixteca no son pocos los gobiernos locales que han echado mano de las organizaciones de corte radical para exigir a otras autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, la realización de obras, la asignación de recursos, la solución de un problema, o simplemente para obstaculizar las acciones y proyectos de los gobiernos en turno ¡Vaya estado en el que nos tocó vivir!

Autoridades de los municipios de Santiago Juxtlahuaca, San Miguel Tlacotepec, y más recientemente Santiago Huajolotitlán y Tezoatlán de Segura y Luna, han recurrido a estos métodos, y han buscado el apoyo de los redentores de las causas perdidas, que están ávidos precisamente de eso: de causas que abanderar, y de conflictos para negociar y obtener jugosos beneficios y canonjías.

Organizaciones como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Consejo del Transporte de Huajuapan (CTH) por mencionar sólo algunas, se han convertido en ajonjolí de todos los moles, pues lo mismo abanderan a grupos de transportistas, que a comerciantes, a ciudadanos inconformes por la apertura de una empresa, o a autoridades auxiliares con afanes separatistas.

La manera de proceder de estos grupos es más que conocida: para exigir que se cumplan sus caprichos, cierran calles, toman carreteras, bloquean oficinas públicas y establecimientos comerciales, todo esto amparados en la impunidad de la que han gozado y siguen gozando.

Lo que los ciudadanos, grupos y autoridades municipales que se refugian en estas organizaciones no han logrado entender, es que los grandes males no encuentran grandes remedios de esta manera, y que lo que provocan son grandes problemas para las comunidades.

Y lo que es peor: no les ha caído el veinte de que, más temprano que tarde, estas organizaciones les pasarán la factura, y ésta será muy costosa.

En el caso de las autoridades municipales, el precio que tienen que pagar va desde recursos económicos y canonjías, hasta espacios en la administración municipal, y una patente de impunidad para hacer y deshacer todo lo que se les ocurra, esto sin contar los graves perjuicios que ocasionan a las comunidades y a los ciudadanos, aunque parece que eso es lo que menos les importa.

En Huajuapan el sindicato Libertad y el sindicado Joven CATEM, se disputan el trasladado de los materiales que serán utilizados para la rehabilitación del puente que se ubica en la avenida Venustiano Carranza, sobre el Río Salado, lo que ha provocado que la inversión de más cuatro millones de pesos asignada a dicha obra, estén en riesgo de perderse.

Ya es tiempo de que las autoridades que juraron cumplir y hacer cumplir la ley asuman su responsabilidad y pongan un alto a la industria del chantaje que se ha convertido en uno de los negocios más jugosos de los líderes de las organizaciones.

No se debe permitir que un grupito de diez, cincuenta o cien personas que se autonombran “representantes del pueblo” que, dicho sea de paso, nunca los eligió con tal carácter, afecten a miles de ciudadanos que ni tienen la culpa ni mucho menos la solución de los problemas que plantean.

Lo tenemos que decir nuevamente: mientras las autoridades no se fajen los pantalones y se decidan a aplicar la ley, los ciudadanos seguiremos padeciendo en Oaxaca y en la Mixteca las consecuencias de la ley de la selva, y seguiremos siendo rehenes de los grupos que se han convertido en ajonjolí de todos los moles.