24 de mayo. El escritor, pintor e ideólogo del movimiento modernista catalán, Santiago Rusiñol, decía: “Cuando un hombre pide justicia es que quiere que le den la razón”.
Esta expresión le acomoda perfectamente a la problemática del transporte público en Huajuapan, un tema que cada vez se torna más complicado para las autoridades municipales y estatales, sin dejar de lado a los dirigentes de diversas organizaciones.
La semana pasada taxistas del sitio “Heriberto Pazos Ortiz” se enfrentaron a golpes por la disputa de la razón social de dicho sitio, arrojando un saldo de cinco personas con lesiones de consideración, los cristales de un vehículo destrozados, y daños a los vidrios del restaurante “La Barca”, ubicado en el interior del Seminario Conciliar Diocesano de San Rafael Arcángel.
Ésta no es la primera confrontación violenta que se registra en la ciudad entre integrantes de sitios de taxis que operan de manera irregular, y es sólo un ejemplo de lo que estos grupos son capaces de hacer para salirse con la suya.
Este tipo de actos no se justifican bajo ninguna circunstancia porque ponen en riesgo la integridad física de terceras personas, muchas de ellas ajenas al conflicto; y mucho menos cuando se obstruye el trabajo de los representantes de los medios de comunicación, e incluso se les amenaza y agrede físicamente, como ocurrió en este caso.
Lo peor del caso es que este conflicto se originó por una disputa familiar en la que proliferaron las acusaciones mutuas, incluso relativas a supuestas actividades delictivas de algunos de los integrantes de los grupos en disputa.
Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es que después de este enfrentamiento el dirigente de uno de los grupos del sitio “Heriberto Pazos Ortiz”, Pedro Martínez Méndez, exigió la intervención de las autoridades estatales para resolver el conflicto. Y en el colmo del cinismo, urgió: “¡Queremos ya un orden!”.
Dichas exigencias pudieran parecer razonables y justas, pues las autoridades de todos los niveles están obligadas a intervenir para buscar solución a los conflictos que alteren la paz social; sin embargo, resulta contradictorio que los líderes de organizaciones pidan que las autoridades intervengan sólo cuando les conviene, a pesar de que una y otra vez se han pasado las leyes y a las autoridades por el arco del triunfo.
¿O es que acaso los integrantes del Sitio “Heriberto Pazos Ortiz” pidieron la intervención de las autoridades y la aplicación de las leyes cuando decidieron empezar a prestar el servicio de transporte público? ¡Por supuesto que no! Lo que hicieron fue simplemente pintar sus vehículos y salir a las calles, sin contar con permiso, concesión alguna y placas de circulación.
¿Acaso los grupos antagónicos del sitio autodenominado “Heriberto Pazos Ortiz” tomaron en cuenta a las autoridades cuando decidieron instalar su base en la esquina de las calles Micaela Galindo e Hidalgo? ¡Por supuesto que tampoco! Al contrario, lo que hicieron fue posesionarse por la fuerza de ese espacio, sin tomar en cuenta ni a las autoridades ni a los vecinos.
¿O es que acaso han tomado en cuenta a las autoridades cuando bloquean vialidades y toman carreteras y dependencias de gobierno, afectando a centenares e incluso miles de ciudadanos que “no tienen vela en el entierro” y que son finalmente quienes “pagan el pato”?
¿O acaso las han tomado en cuenta para realizar cobros a sus agremiados o para venderles la promesa de que las autoridades no los molestarán porque la organización los respalda?
Pero dejando de lado éstos y muchos otros hechos en los que los integrantes del sitio “Heriberto Pazos” han quebrantado las leyes y han ignorado a las autoridades, habría que preguntar si lo que realmente quieren es que haya orden ya; si realmente quieren que las autoridades asuman su papel y cumplan con su obligación de aplicar la ley. ¡Por supuesto que no! Si eso ocurriera, si las autoridades se fajaran los pantalones y empezaran a aplicar la ley sin ver siglas ni colores partidistas o de organizaciones, los integrantes del autodenominado Sitio “Heriberto Pazos Ortiz”, al igual que los líderes de muchas otras organizaciones serían los primeros en pegar el grito en el cielo y en denunciar supuestos actos de represión y de violación a sus “derechos”.
¡Claro que cada uno de los grupos antagónicos que se escudan bajo las siglas de la API-MULT quieren que las autoridades intervengan, pero no para poner orden, sino para quitarles de encima a los integrantes del otro grupo!
¡Qué chistositos! Se pasan la vida retando y burlándose de la autoridad, pero cuando están en aprietos y no saben cómo resolver sus pleitos internos, entonces sí piden que intervenga la autoridad.
Pues viéndolo bien, las autoridades municipales y estatales deberían tomar la palabra a Pedro Martínez Méndez, e intervenir para responder a su exigencia de ¡Queremos ya un orden!. Porque eso es precisamente lo que los ciudadanos reclaman desde hace mucho: orden, y orden ¡ya!
Éste es el momento oportuno para que las autoridades cumplan su responsabilidad de aplicar la ley, de terminar con la anarquía que hasta hoy ha prevalecido en el transporte público, en las vialidades, en el comercio formal e informal, y pongan orden; ¡y lo pongan ya!
De paso no estaría mal que investigaran qué hay de cierto en las acusaciones que Pedro Martínez hizo a integrantes del grupo contrario, señalándolos de ser los autores de diversos robos y asaltos. Bien dice el dicho que “Cuando se pelean las comadres salen las verdades”.
Sí, no estaría nada mal que las autoridades pusieran ¡orden, orden, y orden ya!. Tengan la seguridad de que los ciudadanos se los aplaudirían.