29 de marzo. Quienes pensaban que con la llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno de nuestro país cambiaría el modus operandi de los grupos, sindicatos y organizaciones autodenominadas sociales, se equivocaron rotundamente. Y para muestra, un botón: las marchas, los plantones, los bloqueos y el chantaje siguen siendo el pan nuestro de cada día.
Durante las dos últimas semanas integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellos de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, trataron de impedir que las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales sesionaran para aprobar el dictamen de la nueva reforma educativa.
A pesar de los bloqueos que los integrantes de la CNTE realizaron a los recintos legislativos y a las sedes alternas, finalmente el miércoles los integrantes de dichas comisiones lograron aprobar el dictamen, con el que se da marcha atrás a gran parte del contenido de la reforma aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto.
El dictamen aprobado por mayoría de votos contempla, entre otros puntos, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en su lugar la creación de un organismo autónomo “para la mejora continua de la educación”, el cual contará con un Consejo Ciudadano Honorífico.
Así también, elimina las evaluaciones para la permanencia de los maestros en el servicio y establece que la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión será mediante procesos de selección “públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”.
Sin embargo, este dictamen no satisfizo en lo absoluto a los integrantes de la CNTE, quienes endurecieron su postura y bloquearon todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro para impedir que el dictamen fuera aprobado por el pleno, lo que estaba previsto que ocurriera –y finalmente no sucedió- este jueves.
Si alguien pensaba que la CNTE se conformaría con echar abajo uno de los principales puntos de la reforma de Peña Nieto, la evaluación a la que consideraba “punitiva”, pecó de ingenuo, porque la coordinadora quiere más, mucho más: quiere recuperar el control político y administrativo de la educación, como lo tuvo durante casi tres décadas en Oaxaca, para disponer a su antojo de plazas, ascensos y sanciones. Entre esos ingenuos se encuentran los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación.
Lo que está ocurriendo con la CNTE es sólo un ejemplo de lo que sucede a nivel nacional con muchas otras organizaciones autodenominadas “sociales” cuyos líderes se niegan a perder sus privilegios y canonjías, y son incapaces siquiera de hacerse a la idea de tener que “ganar el pan con el sudor de su frente”, ya que hace tiempo encontraron la punta a la madeja y se acostumbraron a obtener recursos fáciles a través del chantaje y la presión, ya sea a través de “subsidios” o “apoyos”, o de recursos para la ejecución de las obras que a ellos les convienen, en los lugares que a ellos convienen y por las empresas que ellos deciden.
El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy claro: terminar con todo tipo de actos de corrupción y con los privilegios de que han gozado los miembros de la clase política y muchos líderes de todo tipo. Sin embargo, este discurso no ha alcanzado, y parece que no alcanzará, a las llamadas “organizaciones sociales”, cuyos líderes se niegan a acatar el mandato presidencial; por el contrario, persisten en sus movilizaciones y actos de presión para tratar de doblegar también al gobierno de la cuarta transformación, como en su momento lo hicieron con los anteriores.
Por si fuera poco, algunas de esas organizaciones han logrado ubicar a algunos de sus integrantes en posiciones legislativas. Tal es el caso de la CNTE, que no sólo cuenta con 66 legisladores en la Cámara de Diputados, sino también con 19 integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cifra que representa el 60 por ciento de los 33 legisladores que forman parte de esa comisión.
Se antoja extremadamente difícil, si no es que imposible, que organizaciones y sindicatos acaten los mandatos de la cuarta transformación, cuando están “bien representados” en las cámaras por líderes expertos en mentir, robar y traicionar para seguir contando con privilegios para unos cuantos.
¿Hasta cuándo las organizaciones “sociales” y los sindicatos dejarán de anteponer sus intereses de grupo, para lograr un beneficio colectivo? ¿Hasta cuándo esas organizaciones se sentirán satisfechas con lo que hasta hoy han obtenido de los gobiernos, lo mismo de los emanados de lo que el presidente López Obrador bautizó como “la mafia del poder” como del emanado de la llamada cuarta transformación? Al menos hasta hoy parece que “no tienen llenadera”.
El gobierno del presidente López Obrador enfrenta nuevamente la disyuntiva de seguir siendo rehén de los grupos y organizaciones que mientras más obtienen más exigen, o cumplir con su obligación de aplicar la ley.
Por lo pronto, parece que se ha conformado con entonar la letra de una canción que estuvo muy de moda en la década de los 90: “¿Qué es lo que quiere la reina, qué va a pedir la princesa, qué se le antoja a la reina, qué quieren… las organizaciones?”. Al tiempo.