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EDITORIAL. ¿Oídos sordos?

SRI-8

08 de marzo. Los actos de violencia cometidos por jóvenes cada vez son mayores; y éste no es un tema menor. Cada vez es más urgente la necesidad de que los padres de familia, las autoridades educativas y el Gobierno municipal tomen acciones de manera inmediata.

Este miércoles a las 10:30 de la mañana, en el exterior de la Escuela Secundaria Técnica número 152, presuntos grupos rivales de la institución protagonizaron una riña, la cual tuvo como saldo un joven lesionado con arma blanca, cuyo estado de salud se reportó como “delicado”.

Las primeras versiones refieren que el joven acompañaba a su novia a esa institución, lugar donde fue agredido por otros más, uno de los cuales sacó de entre sus ropas un arma blanca, con la cual lo hirió.

Pudiera pensarse que éste es un caso aislado, como aseguró el director de esa institución educativa; sin embargo, no se puede simplemente dar vuelta a la hoja, minimizar este acontecimiento y enterrar la cabeza en la arena para no ver una realidad que ya nos ha alcanzado.

El fenómeno de la violencia en las instituciones educativas no es un caso aislado en Huajuapan. Es un secreto a voces que en las instituciones de educación media, media superior y superior se registran situaciones que los padres de familia y los maestros están lejos de imaginar, o que prefieren ignorar. No se trata solamente del bullying, que ha estado presente desde siempre, aunque no recibiera ese nombre. No; en Huajuapan son cada vez más frecuentes los testimonios de alumnos de diversos niveles educativos que dan cuenta de compañeros que llevan no sólo armas blancas, sino incluso armas de fuego a las escuelas, que consumen drogan en el interior de las mismas, e incluso que se dedican al narcomenudeo.

Lo ocurrido en la Técnica 152 debe ser una llamada de atención para atender el fenómeno creciente de la violencia entre los jóvenes, y de manera especial en los planteles educativos.

Afortunadamente en nuestra ciudad no se ha registrado una tragedia como las que han ocurrido con cierta frecuencia en los Estados Unidos, e incluso en algunas entidades de nuestro país; sin embargo, no debemos esperar a que ocurra para actuar.

Aún está fresca en la memoria la tragedia registrada en un colegio particular de Monterrey, Nuevo León, donde el 18 de enero de 2017 un alumno de 15 años de edad disparó con un arma de fuego contra su profesora y algunos de sus compañeros, y luego se suicidó.

Aunque éste fue el caso más sonado que ha ocurrido en nuestro país, no es el único: abundan los casos de estudiantes que han amenazado con armas de fuego, e incluso disparado contra alguno de sus profesores o compañeros. Un caso no tan lejano es el de un alumno de la telesecundaria de Escape de Lagunillas, en el municipio de Chietla, Puebla, hirió por la espalda a uno de sus profesores.

La pregunta obligada es: ¿qué hacer ante este tipo de hechos? Las autoridades educativas y civiles han puesto en práctica de manera esporádica acciones como el “Operativo Mochila Segura”, lo que ha permitido encontrar desde drogas hasta armas blancas y eventualmente algún arma de fuego entre las pertenencias de los alumnos de secundaria y bachillerato; sin embargo, estas acciones se han visto frenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversos organismos, entre ellos la Red por los Derechos de la Infancia en México, quienes consideran que este tipo de prácticas “criminalizan a los niños y adolescentes” y violan sus derechos humanos.

Pero al margen de la polémica que generan operativos como éste, lo cierto es que no se puede seguir cerrando los ojos ante una realidad que cada vez está más presente en Huajuapan. Hoy no se trata solamente de la violencia relacionada con las bandas juveniles que operan en diversas colonias, sino también de la que existe en el interior de las escuelas, o fuera de ellas, pero protagonizada por alumnos de secundaria y bachillerato, principalmente.

Es cierto que operativos como el “Mochila Segura”, aplicados de manera correcta, siguiendo protocolos que protejan los derechos de niños y adolescentes, pueden tener cierta eficacia, pero no dejan de ser medidas de carácter reactivo. Lo verdaderamente eficaz es la prevención, y ésta se debe basar en la educación en los valores, la cual empieza en el hogar y se continúa en la escuela.

En este tema no puede haber acciones o esfuerzos aislados o descoordinados: ésta es una responsabilidad que deben asumir, en sus respectivos ámbitos de competencia, tanto los padres de familia como los maestros y las autoridades. Si no queremos que en Huajuapan vivamos tragedias como las de Monterrey en 2017, o las que se han registrado de manera recurrente en los Estados Unidos, debemos actuar ya, porque mañana puede ser demasiado tarde.

Ya lo hemos dicho en este espacio: los padres de familia deben inculcar a sus hijos los valores; los maestros deben reforzar la educación que los niños reciben en la casa, y las autoridades deben diseñar programas y políticas orientadas realmente a la atención a los niños y a los jóvenes, más allá de simples eventos y actividades de carácter meramente mediático.

Hoy todos los actores deben asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde. Bajo ninguna circunstancia se deben minimizar estos acontecimientos, ni tratar de seguir ignorándolos. No se trata de un hecho aislado, sino de una realidad que tenemos que aceptar, para actuar en consecuencia. No se puede seguir esperando a que se ahogue el niño para tapar el pozo, ni seguir poniendo oídos sordos ante el grito de alerta por los acontecimientos de la Técnica 152.

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