13 de julio. El negocio del chantaje se ha vuelto muy redituable en el estado de Oaxaca, y sin duda alguna la Mixteca no escapa a esta realidad.
La exigencia de la satisfacción de sus demandas o del otorgamiento de beneficios y privilegios mediante el chantaje se ha vuelto una práctica recurrente de organizaciones de todo tipo, sindicatos, grupos de taxistas o de vendedores ambulantes, y líderes que se autodenominan “luchadores sociales”, a quienes lo mismo le da por tomar dependencias que por cerrar calles y carreteras, o por amenazar con boicotear eventos o fiesta de la magnitud de la Guelaguetza, en la ciudad de Oaxaca, o de la feria anual, en el caso de Huajuapan.
De plano que estos grupos y sus líderes no tienen límites, pues sus constantes atropellos y amenazas indican que se sienten con el derecho de hacer y deshacer, de quitar y poner a su antojo, de que se cumplan sus caprichos, ante la inacción de las autoridades que han sido omisas en la aplicación de la ley.
La amenaza de impedir la realización de la feria de Huajuapan es un claro ejemplo de que estos grupos y sus líderes pretenden convertir esta ciudad en tierra de nadie, e implantar la ley de la selva como la única y absoluta. Esta semana algunas organizaciones, entre ellas el Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), el Consejo del Transporte de Huajuapan (CTH) y el Sindicato Libertad, entre otras, amagaron con que no permitirían que se realizara la feria anual para exigir la continuidad en el cargo que de manera temporal asumió el síndico suplente Luis Alberto Hernández Martínez ¡válgame Dios!.
Días antes estas organizaciones bloquearon las obras del bulevar Canción Mixteca, así como las calles Valerio Trujano y Madero, para exigir que Hernández Martínez continuara en el cargo, a pesar de que ya había vencido la licencia temporal que el síndico procurador propietario, Félix Martínez Olivares, solicitó para contender en el reciente proceso electoral.
Ésta no es la primera vez que este tipo de “dirigentes” exigen las perlas de la Virgen, y si no les cumplen sus caprichos patalea, hacen berrinche y amenazan a las autoridades, sin importarles el perjuicio que ocasionan a los ciudadanos.
Tal parece que tanto “poder” los ha enloquecido, pues ahora resulta que se sienten con el derecho de imponer su santa voluntad y decidir quién debe fungir como integrante del ayuntamiento y quién no, valiéndoles un soberano cacahuate las leyes y la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Independientemente de si el desempeño de Martínez Olivares al frente de la Sindicatura de Procuración y Justicia ha sido bueno, regular, malo o pésimo, y si el de su suplente ha extraordinario, como aseguran estos grupos, la realidad es que el primero de ellos emanó del voto popular, y nadie más que el Congreso del estado puede suspenderlo o en su caso revocarle el mandato, mediante el procedimiento que las leyes establecen. No puede ser que un grupito de líderes de organizaciones pretenda suplantar la voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas, y pasar por encima de la ley.
Tampoco puede permitirse que un grupo de líderes, sean éstos quienes fueren, pretendan arrogarse el derecho de decidir si se realiza o no se realiza la fiesta más importante de Huajuapan y la región.
La feria de Huajuapan genera la derrama económica más importante del año para la ciudad. Si estos grupos hubieran cumplido su amenaza y hubieran impedido la realización de esta festividad, no habrían afectado al ayuntamiento sino a centenares de familias que dependen de ella para obtener un importante ingreso, porque no sólo beneficia a los hoteleros, restauranteros y comerciantes establecidos, sino también a diversos sectores, entre ellos los taxistas y los vendedores ambulantes a quienes, por cierto, se supone que representan los líderes de las organizaciones antes mencionadas. Así también habrían afectado a las familias de los trabajadores eventuales que son contratados para desempeñar diversas actividades durante la feria, como barrenderos, electricistas, personal de seguridad y de vialidad, por mencionar sólo algunos.
Pero si todo esto es malo, lo peor es la actitud de las autoridades que siguen actuando con tibieza y hasta con temor ante las amenazas y chantajes de los grupos y organizaciones, en lugar de asumir su responsabilidad de aplicar la ley.
No cabe duda de que los dirigentes de algunas organizaciones se han vuelto cada vez más hábiles para obtener de las autoridades lo que quieren, y se han convertido en verdaderos expertos en el jugoso y redituable negocio del chantaje.