08 de diciembre. La semana pasada hablamos sobre la importancia de la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Movilidad, anunciada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa con la finalidad de terminar con los bloqueos de calles y carreteras en el estado de Oaxaca.
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Adivine quienes fueron los primeros en oponerse a dicha reforma. Sí, acertó usted: fueron las diferentes organizaciones autodenominadas “sociales” que existen en el estado, las cuales argumentan que al regular las marchas y manifestaciones en el estado se atentaría contra su derecho a manifestarse.
¡Vaya el cinismo de estos grupos! Por un lado exigen el respeto a sus derechos, pero por el otro no tienen empacho en atentar una y otra vez contra los derechos de millones de ciudadanos a quienes afectan con sus bloqueos, tomas de dependencias y actos vandálicos.
Estas organizaciones se atrevieron a lanzar la amenaza de que no van a permitir que la iniciativa anunciada por el mandatario estatal pase, y que en caso necesario perseguirán a los diputados que conozcan del tema. ¡De veras que los líderes de estas organizaciones no tienen perdón de Dios!
Pero a pesar de la oposición de estas organizaciones (muchas de ellas de muy dudosa representatividad) lo que es urge es que se aplique la ley para regular las marchas y bloqueos pues, de no ser así, la impunidad, el desorden, los robos de mercancía y otros actos francamente delictivos se incrementarán en el estado de Oaxaca y seguirán siendo el modos vivendi de los líderes, como ya está ocurriendo en el caso de los estudiantes normalistas.
Este tipo de prácticas, que se escudan detrás de causas supuestamente legítimas, pero cuyos verdaderos objetivos sólo los conocen los líderes y los actores políticos a quienes éstos sirven, se han convertido en un verdadero negocio que nada tiene que ver con las causas que supuestamente abanderan. El meollo del asunto está en los miles de pesos que los líderes obtienen cuando toman las casetas de cobro de la supercarretera para cobrar la tarifa que ellos mismo imponen. Disfrazan de “cooperación voluntaria a fuerza” lo que es simple y llanamente un robo al erario público, es decir, a todos los ciudadanos.
Por supuesto que de este dinero no rinden cuentas a nadie, ni siquiera a sus agremiados; y por supuesto que estos recursos tampoco se aplican a las supuestas “causas justas”.
Los normalistas que en las últimas fechas han recurrido una vez más a la práctica de tomar las casetas tratan de justificarse argumentando que con estas acciones benefician a los conductores de vehículos, pues la cuota menor. Sin embargo, ese supuesto ahorro deja a los automovilistas y camioneros totalmente desprotegidos, pues al no realizar el pago en las casetas de cobro y no recibir el comprobante respectivo tampoco cuentan con el seguro y quedan “a la buena de Dios”. Habría que preguntar: si algún vehículo se viera involucrado en un choque, volcadura u otro tipo de accidente ¿quién cubriría los daños? ¿Acaso lo harían los normalistas o las organizaciones que cobraron la cuota? ¡Por supuesto que no!
La imagen de modernos Robin Hood que los integrantes de las organizaciones autodenominadas sociales, y que los normalistas pretenden vender a los ciudadanos está muy lejos de la realidad, y ya nadie se las cree. A nadie engañan con el cuento de que son defensores de los pobres y de que tienen un corazón enorme y generoso. Cada día que pasa queda más claro que con sus acciones fuera de la ley lo único que buscan es “hacer su agosto” todos los meses del año y robar a quienes sí trabajan, mientras ellos siguen disfrutando de la impunidad que hasta hoy les ha cobijado.
Lo preocupante es que, ante estas fechorías, las autoridades y corporaciones de seguridad cuya obligación es preservar el orden, cumplir y hacer cumplir la ley, no aparecen por ningún lado. Ante esto los ciudadanos comunes, los que son afectados por las acciones de estos supuestos “luchadores sociales”, se preguntan ¿Qué sucede? ¿Por qué se han vuelto omisos? ¿Por qué no cumplen con su obligación de proteger a los ciudadanos?
Mientras esto sucede, los ciudadanos comunes ya estamos resintiendo los efectos de la falta de inversiones y la pérdida de fuentes de trabajo por causa de estos actos vandálicos. No sólo en la capital, sino también en las regiones del estado este tipo de actos han provocado el cierre de comercios, con la consecuente afectación a muchas familias oaxaqueñas.
Resulta hasta ridículo que un grupo de diez personas, y a veces menos, bloqueen calles y carreteras, o tomen por asalto las casetas de cobro, poniendo en jaque a miles de ciudadanos y a las propias autoridades.
El colmo del cinismo es lo que ocurre con las normalistas de Tamazulapan, quienes han establecido frente a esa institución educativa una verdadera caseta de cobro, e incluso comercializan las mercancías que roban de los vehículos de las empresas.
Esta pervertida fórmula que atenta contra los derechos de terceros ha sido solapada hasta hoy por funcionarios públicos que no han tenido las agallas para poner un alto a estos atropellos, o que incluso dan a pensar que podrían estar coludidos con este tipo organizaciones y movimientos.
Estas acciones tampoco podrían ser posibles sin el consentimiento y apoyo de algunos partidos y actores políticos, porque hay que recordar que “No hay ladrón sin encubridor”.
Esta situación no puede continuar así. Es urgente que las autoridades asuman con seriedad y firmeza su papel, para restablecer en Oaxaca el imperio de la ley y el estado de derecho.