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EDITORIAL. ¿Volver a la ley de la selva?

SRI-8

04 de agosto. La aplicación de la “justicia por propia mano” es un fenómeno que ha proliferado en nuestro país en los últimos años. Es preocupante conocer cada vez más casos de linchamientos o intentos de linchamiento registrados tanto en las zonas urbanas como en las comunidades rurales de diferentes estados de la República.

Una de las principales causas de la proliferación de esta tendencia a combatir la delincuencia por medio de la mal llamada “justicia ciudadana” es el hartazgo ante la creciente ola de robos, asaltos y asesinatos, entre otros delitos que azotan y lastiman cotidianamente ante la ciudadanía, pero también la desconfianza en las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia.

De acuerdo con las estadísticas, en octubre de 2016 se registraron 30 casos en los que ciudadanos de diversas entidades del país, incluso de algunas de las que eran considerados las más seguras, decidieron tomar la justicia en sus manos.

Los ejemplos sobran, y Huajuapan así como la Mixteca no han escapado a este fenómeno, pues en diversas ocasiones los intentos de linchamiento se han hecho presentes como un acto desesperado de los ciudadanos para frenar a la delincuencia.

El caso más reciente es el que se registró la madrugada de este martes en Santa Teresa, donde los comandantes de esa agencia de Policía detuvieron a dos personas que habían robado cemento y herramientas de un domicilio, y horas después los exhibieron por las calles, e incluso amagaron con ahorcarlos frente a las oficinas de la agencia.

No es éste el primer caso de este tipo que se registra en Santa Teresa, pues el 27 de septiembre de 2012 las autoridades auxiliares y habitantes de esa agencia amenazaron con hacer justicia por propia mano, cuando detuvieron a Dagoberto L.M., de 26 años de edad, quien presuntamente había sustraído un tanque de gas del restaurante “12-20”. También en esa ocasión el presunto delincuente fue golpeado, atado de pies y manos, exhibido por las calles amarrado a la patrulla de la agencia municipal para que recorriera varias calles con el tanque de gas al hombro.

Pero no en todos los casos los presuntos delincuentes han tenido la suerte de ser entregados a las autoridades: el 4 de febrero de 2014 un grupo de taxistas golpeó y estuvo a punto de prender fuego a tres jóvenes que habían asaltado y lesionado con arma blanca a uno de sus compañeros. Dos de los presuntos asaltantes terminaron en el hospital, y el tercero, identificado como Alejandro Sánchez Ortiz, de 21 años de edad, murió horas después a causa de los golpes.

También en otros municipios de la Mixteca se han registrado intentos de linchamiento que, afortunadamente, no se han consumado.

La recurrencia de estos hechos deja en claro que las corporaciones de seguridad pública han quedado rebasadas ante una ciudadanía que cada vez confía menos en el sistema de justicia y en las autoridades encargadas de aplicarlo. Pero también pone en entredicho la eficacia del Sistema Acusatorio Adversarial, que desde hace una década funciona en el estado de Oaxaca y el año pasado entró en vigor en todo el país.

En la percepción de los ciudadanos, el nuevo sistema de justicia penal beneficia más a los delincuentes que a las víctimas, pues en el afán de frenar los abusos de autoridad, la “fabricación” de delincuentes y los actos de tortura que eran práctica común de las policía investigadoras, se ha caído en el otro extremo, y hoy los presuntos delincuentes pueden salir en libertad muy fácilmente, sobre todo si las víctimas no presentan la denuncia correspondiente, como ocurrió en el caso de los detenidos en Santa Teresa, los cuales ya están libres otra vez.

Esta situación genera un círculo vicioso, pues la falta de castigo provoca el incremento de los delitos, y éste a su vez una mayor indignación de los ciudadanos, que cada vez se muestran más renuentes a poner a disposición de las autoridades a quienes son detenidos. “¿Para qué los entregamos a las autoridades, si a los dos o tres días ya están libres? Mejor nosotros vamos a darles su escarmiento para que sirva de ejemplo”, es la queja recurrente.

Y tal vez no falte razón a quienes así piensan, pero la aplicación de la “justicia” por propia mano resulta preocupante y sumamente peligrosa, ya que se han registrado casos en que por un error, la turba ha privado de la vida a personas inocentes. Uno de estos casos se registró en 1998 en Huejutla de Reyes, Hidalgo, donde la multitud colgó en el zócalo de la localidad a dos jóvenes veracruzanos señalados erróneamente de ser “robachicos”. Un caso más reciente fue el registrado en octubre de 2015 en el municipio poblano de Ajalpan, en el distrito de Tehuacán, donde dos jóvenes fueron linchados y quemados por vecinos de la población, porque alguien escuchó mal y dijo que eran “secuestradores” en lugar de “encuestadores”.

Pero aún cuando se trate de verdaderos delincuentes, nadie debe tomar la justicia por propia mano, pues hacerlo es volver a la ley de la selva y abrir la puerta a todo tipo de atrocidades, peores incluso que las que se pretenden combatir.

Los intentos de linchamiento deben ser una llamada de atención no sólo para los cuerpos de seguridad y para las autoridades encargadas de impartir la justicia, sino también para los legisladores federales y locales, quienes deben asumir su responsabilidad, revisar la legislación relativa al sistema de justicia acusatorio adversarial y realizar las modificaciones que sean necesarias para evitar que los delincuentes sigan evadiendo la acción de la justicia y que los ciudadanos continúen con la práctica de tratar de hacer justicia por propia mano. De no hacerlo, las consecuencias serán muy lamentables.

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