30 de junio. A partir del año 2006 han brotado como agua en el estado de Oaxaca diversas organizaciones autodenominadas “sociales”, muchas de las cuales actúan como verdaderos grupos de choque, generando la violencia, y provocando el temor y finalmente el hartazgo de los ciudadanos.
La mayoría de estos grupos u organizaciones se manifiestan como opositores al gobierno, a pesar de que no son pocos los que han sido creados precisamente por funcionarios o actores políticos, y viven de los recursos que obtienen de las instancias gubernamentales, vía la “gestión” o el chantaje.
La demandas que estos grupos plantean de manera pública giran en torno de la falta de obras y servicios públicos en las comunidades, el otorgamiento de concesiones del transporte público, la liberación de activistas acusados de diversos delitos del orden común y el esclarecimiento de los homicidios de algunos líderes. Sin embargo algunos líderes demandan “bajo el agua” beneficios, privilegios y favores personales, que van desde puestos de trabajo para ellos o sus allegados hasta importantes cantidades de dinero.
La estrategia de estos grupos se basa en la realización de marchas, plantones, toma de edificios públicos, bloqueos de calles y carreteras, para “ablandar” a las instancias de gobierno y obligarlas a negociar, logrando en la mayoría de los casos que cedan a sus pretensiones.
Estas manifestaciones han provocado el enojo y hartazgo de los ciudadanos que se ven afectados en sus actividades cotidianas, al no poder ejercer su derecho al libre tránsito, verse impedidos a realizar trámites en las oficinas de gobierno, o afectados en su economía, ya sea por los bloqueos o los actos de vandalismo y rapiña que son cada vez más frecuentes.
La presencia de personajes con el rostro cubierto y dotados de cohetones, bombas molotov u otros artefactos destinados a atacar a los elementos de los cuerpos de seguridad son también cada vez más frecuentes, aunque la explicación de los organizadores de las movilizaciones siempre es la misma: que se trata de “provocadores” o “infiltrados”.
Son esos grupo de encapuchados, en su mayoría jóvenes, quienes han encabezado los enfrentamientos con las fuerzas del orden, e incluso con el Ejército Mexicano; son ellos quienes pintarrajean edificios públicos y propiedades privadas; son también quienes destruyen elementos del mobiliario urbano e incendian oficinas; también son ellos quienes saquean negocios, camiones de reparto, e incendian vehículos particulares y del transporte público.
El año pasado se vivieron en Huajuapan varias jornadas de este tipo, las cuales se derivaron de dos acontecimientos: el enfrentamiento violento entre maestros de la Sección 22 del SNTE y elementos de las policía Estatal y Federal, en las inmediaciones de Nochixtlán, y la muerte del activista Salvador Olmos García, en esta ciudad.
En el primer caso se establecieron barricadas en El Chacuaco y frente a la Normal Experimental Huajuapan, pero también se incendiaron las instalaciones de la Policía Federal en esta ciudad.
En el segundo caso, muy cercano en fechas y relacionado estrechamente con el anterior, grupos de autodenominados “anarquistas” destruyeron parte del mobiliario urbano, incendiaron un módulo de la Policía Municipal y vandalizaron el muy cuestionado Hemiciclo a Juárez.
Estas acciones tuvieron el propósito de exigir a las autoridades el esclarecimiento y castigo de los responsables de la muerte de Olmos García, quien perdió la vida atropellado por una patrulla de la Policía Municipal, horas después de que fue detenido por elementos de esa corporación al ser sorprendido grafiteando precisamente el mencionado hemiciclo.
En aquella ocasión no sólo se ordenó a la Policía Municipal no intervenir para impedir los actos vandálicos, sino que incluso se suspendieron la sesión del Cabildo y un evento que se realizaría en la Casa de la Cultura.
Hace apenas una semana, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Olmos García, nuevamente los “anarquistas” salieron a las calles, pintarrajearon el Palacio Municipal y causaron daños al mural ubicado en el exterior del edificio del ayuntamiento.
En esta ocasión, como ocurrió hace un año, las autoridades prefirieron adoptar la práctica que se atribuye a los avestruces: enterrar la cabeza en la arena y dejar que los “anarquistas” actuaran a su antojo.
Es cierto que estas personas tienen el derecho de manifestarse libremente, de exigir a las autoridades explicaciones sobre los puntos oscuros que rodean la muerte de Salvador Olmos; pero a lo que o tienen derecho es a atentar contra las propiedades de los ciudadanos o contra los bienes patrimoniales del pueblo de Huajuapan.
Tienen todo el derecho del mundo a declararse partidarios de una filosofía política como el anarquismo, que plantea la desaparición del Estado y de cualquier forma de autoridad, jerarquía o control; pero la libertad de pensamiento no ampara los actos que atentan contra los bienes o la integridad de los demás.
Las autoridades no pueden seguir siendo omisas y dejar que, al amparo del derecho a la libre manifestación de las ideas, algún grupo u organización incurra en acciones constitutivas de delitos. No pueden seguir volviendo la vista hacia otro lado mientras se aterroriza a la población cometiendo actos vandálicos y de rapiña.
Este tipo de acciones no pueden seguir quedando en la impunidad, porque ha sido precisamente la complacencia de las autoridades, que bien podría calificarse incluso de complicidad, la que ha permitido que cada vez se cometan más atropellos contra los ciudadanos y las instituciones, al amparo de manifestaciones supuestamente “legítimas”.
El estado de derecho debe prevalecer por encima de cualquier interés personal o de grupo. Es responsabilidad de las autoridades cumplir y hacer cumplir la ley, y proteger a los ciudadanos de este tipo de atropellos.
Es tiempo de que los grupos y organizaciones, sean del tipo que fueren, entiendan que “sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás”.