21 de octubre. La madrugada de este viernes la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, por un total de más de 4.8 billones de pesos, es decir, más de 4.8 millones de millones.
Este acto que debiera ser únicamente el cumplimiento de una de las responsabilidades de los legisladores, se ha convertido en moneda de cambio para que los “representantes populares” de todos los partidos negocien beneficios personales y se repartan el pastel, pensando más en los millones adicionales que se llevarán a la bolsa durante los próximos 12 meses que en el beneficio de sus representados.
Y es que para nadie es un secreto que desde hace algunos años es una práctica común que los legisladores federales aprueben con mínimos cambios la llamada “miscelánea fiscal” que envía el presidente de la República, a cambio de una bolsa millonaria para que la gasten donde y como mejor les convenga.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cuánto recibirá este año cada uno de los 500 diputados federales por levantar el dedo para aprobar el paquete económico del presidente Enrique Peña Nieto, es decir, cuánto le costará al país la sumisión de los legisladores, pero el año pasado recibieron más de 20 millones de pesos cada uno.
Estos recursos son adicionales a los 170 mil pesos mensuales que recibe cada diputado federal pero que, según declaró en su momento la entonces legisladora Gloria Bautista Cuevas, “no les alcanzan para nada”.
La bolsa millonaria por la aprobación del paquete económico no sólo sirve a los diputados federales para posicionarse políticamente o apuntalar las aspiraciones políticas de algún familiar o amigo, sino principalmente para hacer un negocio redondo. Abundan los señalamientos a través de los medios en el sentido de que los diputados “bajan” estos recursos a los municipios, pero a cambio de un porcentaje del total, lo que se conoce comúnmente como “moches”, y de que la obra la ejecute la empresa propiedad de algún familiar, amigo o prestanombres del legislador en cuestión.
Esta práctica ha sido denunciada una y otra vez, incluso por autoridades municipales que han dado a conocer que las empresas asignadas por los legisladores no cumplen o realizan obras de mala calidad.
Por esta razón, cada vez son más los políticos que buscan una curul en el congreso federal o en los estatales, porque los diputados locales tampoco cantan mal las rancheras. Es bien sabido que también en los congresos de los estados, incluyendo el de Oaxaca, no sólo se negocia el voto de los diputados en el tema del paquete fiscal o en la aprobación de las cuentas públicas, sino para la aprobación de iniciativas que interesan al gobernador en turno.
La gestión de recursos se ha convertido en la prioridad de los diputados, quienes han olvidado que su principal responsabilidad es la de elaborar o modificar las leyes en beneficio de los ciudadanos.
Hoy Huajuapan cuenta con tres diputados federales emanados de diferentes partidos, Yolanda López Velasco del PRI, Luis de León Martínez Sánchez del PAN y Yaret Adriana Guevara Jiménez del Partido Verde, estos dos últimos plurinominales, pero hasta hoy no ha emanado de ellos ninguna iniciativa en beneficio de los habitantes de este distrito.
Lo mismo ha ocurrido con los diputados locales que están a sólo unos días de concluir su gestión sin que hayan dejado beneficio alguno para los más necesitados, por quienes se comprometieron a luchar y quienes algún día confiaron en sus promesas de que los sacarían del rezago de décadas.
Sean federales o locales, los diputados se han caracterizado por olvidarse de sus promesas y defraudar la confianza de los ciudadanos, más interesados en disfrutar de las delicias del poder y salpicar a sus familiares y amigos cercanos que en cumplir con su responsabilidad. Unos y otros han pasado sin pena ni gloria… o mejor dicho, con más pena que gloria.