Del “Venceremos” al ocaso

E D I T O R I A L

30 de octubre. La semana que concluye registró dos acciones del gobierno federal que conllevan un mensaje claro para la dirigencia de la sección 22: la primera de ellas fue la aplicación de descuentos a 58 mil 428 maestros de Oaxaca que suspendieron actividades el 2 de octubre; la segunda fue la detención de cuatro de los principales líderes de la gremial adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acusados de cometer diversos delitos del fuero federal.

 

En ambos casos el mensaje es contundente: la tolerancia llevada al extremo y la impunidad de las que la sección 22 disfrutó durante tres décadas y media llegaron a su fin… o al menos así lo parece.

La aplicación de descuentos a los profesores que suspendieron clases atendiendo a la convocatoria de su dirigencia sindical es un hecho histórico porque desde el inicio del movimiento magisterial oaxaqueño en 1980 la amenaza de descontar los días no laborados había quedado en eso: en una simple amenaza que no se concretaba porque el gobierno estatal terminaba negociando con los líderes de la sección 22.

Pero éste no será el único descuento, pues las autoridades educativas anunciaron también que en la primera quincena de noviembre se aplicará el descuento correspondiente a los 53 mil 978 trabajadores de la educación que no acudieron a trabajar el 12 de octubre.

En tanto, la detención de Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Jiménez, en cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas en su contra por un juez federal, pusieron de manifiesto la decisión de las autoridades federales y estatales de actuar contra los que hasta poco tiempo parecían liderazgos intocables, y aunque de manera tardía, aplicar la ley.

Por otra parte, mostraron el evidente debilitamiento de la sección 22 y la pérdida del poder de convocatoria que tenía hasta hace unos meses, gracias al control que ejercía sobre los trabajadores de la educación mediante un esquema de premios y castigos basado en el activismo sindical y no en los méritos laborales ni en la capacidad profesional.

La pobre respuesta a la convocatoria de los líderes de la sección 22 se percibió en la capital del estado y en diversas plazas del interior, entre ellas Huajuapan. En esta ciudad se había programado una marcha, de la Escuela Normal Experimental “Huajuapan” a las oficinas de la Procuraduría General de la República ubicadas en el fraccionamiento Jardines del Sur, pero no se realizó porque sólo atendió el llamado poco más de medio centenar de maestros.

Ante estos hechos, la dirigencia de la sección 22 ha puesto en marcha una vez más su estrategia de desinformación y manipulación basada en la tergiversación de los hechos.

En su intento por recuperar el respaldo de las bases, que hoy se muestran renuentes a seguir participando en marchas, plantones, bloqueos de oficinas, tiendas y vías de comunicación, y por desorientar a la opinión pública, los dirigentes de la sección 22 condenaron la detención de sus compañeros, a quienes presentaron como “víctimas de la represión”, argumentando que se trató de una “desaparición forzada” y de un acto que refleja la intención del gobierno de “criminalizar la protesta social”.

Estos argumentos caen por su propio peso porque desde el primer momento las autoridades informaron que los cuatro dirigentes de la sección 22 fueron detenidos y trasladados a la ciudad de México para ser puestos a disposición de un juez. Es decir, nunca estuvieron “desaparecidos”.

Tampoco se trata, como se pretende hacer creer, de “víctimas inocentes”, porque los líderes detenidos son acusados de encabezar actos delictivos que desquiciaron las actividades de los ciudadanos de la capital y del interior del estado, impidiéndoles ejercer diversos derechos como el del libre tránsito y el de la emisión del voto. Por si fuera poco, en diversos momentos dañaron propiedades públicas y privadas, agredieron a integrantes de los cuerpos de seguridad, a representantes de los medios de comunicación y a ciudadanos. Sólo baste recordar lo ocurrido en Huajuapan los días 6 y 7 de junio.

No hay tal “criminalización de la protesta social”. Los cuatro líderes de la CNTE no fueron detenidos por ejercer el derecho constitucional de la libre expresión de las ideas, ni el legítimo derecho a la protesta, sino por promover, encabezar y participar en actos que las leyes tipifican como delitos.

Tal es el caso de la toma violenta de las instalaciones de diversas Juntas Distritales del INE y la destrucción de casillas y material electoral; de la toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos como la refinería Antonio Dovalí de Salina Cruz, y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca, así como daños a instalaciones militares y robo de libros de texto gratuitos, entre otros hechos.

La libre manifestación de las ideas y el respeto a la protesta pacífica son fundamentales en la construcción y la consolidación de un Estado democrático, pero no puede permitirse que con el pretexto de ejercer estos derechos se atente contra los derechos de terceros, se desquicie la vida cotidiana de los ciudadanos, se dañe el patrimonio público y privado, se cometan actos de vandalismo y se cometan delitos sin que estos actos tengan una consecuencia.

Por eso no podemos dejar de reconocer que, aunque hayan tardado más de tres décadas y media, hoy las autoridades federales y estatales estén cumpliendo su obligación de aplicar la ley y terminar con la impunidad de la que han gozado no sólo los líderes de la sección 22 sino los de otras organizaciones que inducen a sus bases a realizar actos al margen de la ley, con el único propósito de obtener privilegios y beneficios personales, sean políticos, económicos o de cualquier otra índole.

Por supuesto que el actuar de las autoridades se debe enmarcar en la legalidad y en el respeto a los derechos de los ciudadanos. En éste y en todos los casos se debe respetar el derecho de los detenidos al debido proceso, pero bajo ninguna circunstancia se debe caer nuevamente en el error de ceder ante los chantajes y las presiones, ni mucho menos someter la aplicación de la ley a negociaciones políticas. Sólo así las autoridades podrán reivindicar el verdadero sentido de la justicia.