E D I T O R I A L
02 de octubre. Hace un par de días la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO realizó el que tal vez sea el anuncio más importante desde que el gobierno del estado tomó la decisión de recuperar la rectoría de la educación.
A través de su titular, Raúl Pérez Zorrilla, dio a conocer que presentó denuncias penales contra dirigentes e integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, por configurarse la apología del delito, al incitar a los maestros a realizar bloqueos de carreteras, bancos, centros comerciales y gasolineras en las regiones del estado, así como del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.
Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (antes Procuraduría General de Justicia del Estado).
Este anuncio confirma el cambio radical en el tono del discurso del gobierno del estado y en la relación de éste con la dirigencia de la sección 22.
Durante casi cinco años, el gobernador Gabino Cué fue cuestionado por los medios y por la sociedad, tanto a nivel estatal como nacional, por su actitud tolerante en exceso ante las acciones a todas luces ilegales y violatorias de los derechos de terceros, promovidas por la dirigencia de la gremial.
Hasta hace un par de meses la constante en Oaxaca era que los grupos y organizaciones autodenomindas “sociales”, y de manera especial la Sección 22 del magisterio, podían afectar la vida social y económica de la entidad, causar un daño irreparable a la educación de un millón de niños y jóvenes y violentar los derechos de los ciudadanos comunes sin que hubiera consecuencias legales.
La impunidad de la que han gozado este tipo de acciones ante la complacencia de las autoridades trajo como consecuencia su multiplicación y radicalización. La omisión en la aplicación de la ley alentó las expresiones que rebasaban los límites de la protesta legítima y pacífica para convertiré en actos francamente delictivos.
A mediados de julio, al comparecer ante los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el gobernador reconoció que la estructura de la sección 22 había rebasado “por mucho” los recursos financieros, funcionales, de seguridad y logísticos de su gobierno. Una semana después reconoció que había pecado de tolerante ante las acciones del magisterio.
Sin embargo, este reconocimiento marcó también un cambio en el discurso y en su actitud ante los excesos de la gremial: advirtió que llegó el punto en el que “no se puede permitir que se siga dañando a terceros, que se trastoquen el orden y la paz pública, y que se dañe el derecho al libre tránsito de terceros”.
La presentación de las denuncias contra los líderes del magisterio parece reflejar que la advertencia va en serio, pues se ha empezado a pasar del discurso a la acción. A diferencia de lo que ocurría hasta hace dos meses, hoy se proyecta la imagen de un gobierno decidido y firme, dispuesto a garantizar el cumplimiento de la ley, aún ante las amenazas y el chantaje de los líderes magisteriales.
No se trata de “criminalizar” la protesta social. La libre manifestación de las ideas debe ser garantizada por las autoridades en todo momento, porque el ejercicio de este derecho no es patrimonio exclusivo de las autodenominadas “organizaciones sociales”, sino de todos los ciudadanos.
Pero no se puede seguir permitiendo que en el ejercicio de este derecho pretendan cobijarse acciones que violan los derechos de los ciudadanos que son ajenos a este tipo de conflictos, e incluso que constituyen claramente actos tipificados por la ley como delitos.
Una muestra clara de esto último es lo ocurrido esta mañana en la supercarretera Oaxaca-Tehuacán-Cuacnopalan donde, según los reportes oficiales, la concentración de un grupo de maestros que se preparaba para bloquear esa vía provocó un choque entre varios vehículos, con saldo de al menos dos personas lesionadas.
Este hecho nos remite a lo ocurrido durante el conflicto magisterial de 2006, cuando un motociclista murió degollado por un cable colocado por integrantes de la sección 22 y de la APPO para evitar el paso en una vía de la ciudad de Oaxaca.
Acciones como éstas no pueden seguir quedando impunes. El gobierno del estado ha dado un paso muy importante en este aspecto, pero hoy enfrenta una prueba de fuego. Hoy la sociedad está pendiente del cumplimiento de los compromisos del gobernador, tanto en lo relativo a la aplicación de las sanciones administrativas a los maestros que de manera ilegal suspendieron nuevamente las clases, como en la aplicación de la ley a quienes una y otra vez la violan en perjuicio de la sociedad.
La ley es una y debe ser para todos. No puede seguir aplicándose de manera inflexible sólo al ciudadano común y ser ciega ante los actos de líderes que se escudan tras el membrete de un sindicato o una organización.
El gobernador Gabino Cué tiene hoy una oportunidad histórica de reivindicarse ante los ciudadanos oaxaqueños.