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Nuevos diputados, ¿nueva actitud?

S.R.I. EDITORIAL

E D I T O R I A L

El 29 de agosto quedó formalmente instalada la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyas funciones iniciaron de manera formal el 1º de septiembre y concluirán el día 31 de agosto de 2018.

Esta legislatura será presidida en el primer año de ejercicio por el perredista Jesús Zambrano y está conformada por 203 diputados del PRI, 108 del PAN, 56 del PRD, 47 del Partido Verde, 35 de Morena, 26 del Movimiento Ciudadano, 8 de Encuentro Social, 10 de Nueva Alianza, 6 del Partido del Trabajo y un diputado independiente.

Entre los 500 diputados que conformarán la LXIII legislatura federal se encuentran tres de la Mixteca, la priista Yolanda López Velasco del distrito 03 con cabecera en Huajuapan, el perredista Sergio López Sánchez del distrito 06 con cabecera en Tlaxiaco y el panista Luis de León Martínez Sánchez, quien llegó por la vía plurinominal o de representación proporcional.

Aunque esta situación debiera generar expectativas importantes para los habitantes de esta región del estado de Oaxaca, una de las que enfrenta mayores rezagos históricos, el descrédito de la clase política y la actuación de la gran mayoría de los representantes populares federales y locales ha provocado que la ciudadanía vea con desinterés y apatía este hecho.

Los diputados tienen tres funciones principales: legislar, es decir, crear, reformar, modificar y derogar leyes; fiscalizar el ejercicio del gasto público, esto es vigilar que los recursos asignados a las diferentes áreas se apliquen de manera correcta en beneficio de los ciudadanos; y gestionar, es decir, apoyar a los ciudadanos y autoridades locales para facilitarles los trámites antes diversas dependencias de gobierno y el acceso a recursos adicionales en beneficio de sus pueblos.

De hace unos años a la fecha un gran número de diputados ha desatendido las dos primeras funciones, se ha enfocado a la gestoría, y de manera especial a “bajar” recursos a los municipios para la realización de obras públicas, mediante la “etiquetación” de los mismos en los presupuestos de egresos.

Esta situación pareciera reflejar un verdadero interés de los diputados federales y locales por impulsar el desarrollo de las comunidades y ayudar de esta manera a superar los rezagos históricos que éstas enfrentan, principalmente en el caso de estados como Oaxaca y de regiones como la Mixteca.

Sin embargo, la realidad es otra: 34.1% de los ciudadanos considera que los diputados sólo buscan su beneficio personal; 29.1% que hacen poco y cobran mucho; sólo 16.8% y 13.7%, respectivamente, los ven como representantes del pueblo o como servidores públicos.

Información difundida en los últimos años puso al descubierto que la gestión de recursos se ha convertido en un verdadero negocio para muchos legisladores federales y locales.

Diversos medios nacionales han dado cuenta de los señalamientos que diversos actores políticos, incluso del mismo partido, han intercambiado en relación con los “moches”, es decir, las comisiones que éstos exigen a los municipios a cambio de “bajarles” recursos para obras.

Los medios han registrado también denuncias de presidentes municipales de diversas entidades, quienes han señalado que algunos legisladores les ofrecieron gestionar recursos adicionales para sus municipios a cambio de comisiones hasta de un 30 o 35 por ciento, y de que las obras fueran asignadas a determinadas empresas constructoras, propiedad de personas cercanas a los diputados o senadores en cuestión. A esta realidad no son ajenos ni el estado de Oaxaca ni la región Mixteca.

Los “moches” son tan reales que apenas hace tres días el periódico El Universal dio a conocer que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados creó la Vicecoordinación de Contraloría y Transparencia, ante el escándalo que vivió la bancada de ese partido en la pasada legislatura por los señalamientos relacionados con esta práctica.

México vive un gran rezago en materia legislativa. Muchos aspectos de la vida nacional navegan en el vacío legal; muchas leyes son obsoletas y cientos de iniciativas descansan en la congeladora de las cámaras de diputados y senadores.

Hoy, ante el inicio de las actividades de una nueva legislatura federal, los ciudadanos esperan que los diputados que la integran, y de manera especial los tres de la Mixteca, cumplan cabalmente su papel de legisladores; que tengan como prioridad la creación de instrumentos legales que realmente beneficien a los ciudadanos, principalmente a quienes más lo necesitan; que gestionen recursos, sí, pero que lo hagan con el único afán de apoyar el desarrollo de las comunidades; que “bajen” recursos para obras enfocadas a atender las grandes necesidades sociales y no para obras superfluas cuya única finalidad es la de justificar inversiones que les permitan obtener jugosas ganancias que se sumen a las de por sí elevadas dietas que perciben.

Los integrantes de la nueva legislatura enfrentarán un doble reto: hacer leyes que respondan al momento histórico que vive el país y favorezcan el desarrollo nacional equitativo, pero sobre todo, represtigiar la actividad política y recuperar la confianza de los ciudadanos en los partidos y en los políticos.

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