27 de julio. Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), exigió al Gobierno Federal y Estatal cumplir con la aplicación de medidas cautelares a favor de las comunidades de Santo Domingo Ixcatlán, Zimatlán de Lázaro Cárdenas y Valle del Río, ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Indicó que las medidas cautelares son a favor de personas donde sus vidas corren peligro por conflictos agrarios existentes o que han sido desplazadas de sus comunidades de origen.
Expresó que en el caso del Gobierno del Estado, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) obstruyen la aplicación de las medidas cautelares, a pesar de ser una instrucción de un organismo internacional.
“Hay actores políticos al interior del Gobierno del Estado que han impedido esta acción, a pesar de la instrucción emitida por el propio Gobernador del Estado, son políticos que defienden sus intereses personales o grupales a favor de sus partidos políticos”, enfatizó.
Santiago Reyes, manifestó que los conflictos agrarios no han sido atendidos en su totalidad por las dependencias encargadas del tema a nivel nacional y estatal, lo cual ha provocado como consecuencia no se atiendan de igual forma las medidas cautelares.
Dijo que seguirá pugnando ante la CIDH para que obligue al gobierno mexicano a cumplir con las medidas cautelares, a fin de salvaguardar la integridad física de los beneficiarios.
– Gerardo Cruz